En una reunión clave, Soria y Buteler acordaron respaldar las acciones judiciales contra Nación por la ruta 22

Mientras la obra de la Ruta Nacional 22 sigue paralizada y sin señales de reactivación, representantes políticos e institucionales del Alto Valle decidieron dar un paso clave: avanzar con una demanda judicial contra el gobierno nacional. Fue durante una mesa ampliada que se realizó esta mañana en la sede de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca, con amplia participación de intendentes, legisladores, concejales y referentes del sector comercial.  La propuesta de accionar judicialmente fue propuesta por el gobierno de la provincia. 

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En el encuentro estuvieron presentes la intendenta de Roca, María Emilia Soria, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quienes coincidieron en la necesidad de unir fuerzas para exigir respuestas concretas. También se sumaron legisladores provinciales y concejales municipales de distintos bloques, así como representantes de instituciones intermedias.

Durante la reunión, convocada por la CAIC, se planteó la posibilidad de acompañar las acciones judiciales propuestas por el gobierno de Río Negro. Tanto  Maria Emilia Soria como Rodrigo Buteler coincidieron en que se trata de la única salida para afrontar las distintas problemáticas que se agudizan día a día en las rutas nacionales del Alto Valle. Ambos destacaron que no hay diálogo ni compromisos cumplidos por parte del gobierno nacional. 

La judicialización fue propuesta semanas atrás por el gobernador Alberto Weretilneck, tras reiterar la falta de respuestas del Estado nacional ante el deterioro y abandono de las rutas que atraviesan Río Negro. "Es muy probable que entre el sector privado y el sector público avancemos en acciones legales para buscar una definición", había anticipado.

El reclamo apunta al incumplimiento de contratos, la falta de mantenimiento y la ausencia de definiciones técnicas y políticas para obras fundamentales en la región.