La feroz golpiza que recibió Jorge Gatica en la comisaría 45 de Cipolletti y que determinaron su muerte, tiene algunos antecedentes en la historia policial de esa localidad. Desde muertes dudosas a la aplicación de tormentos, pasando por algún caso de “gatillo fácil”, la fuerza de seguridad ha tenido demasiados episodios de violencia institucional.

La 45 tiene jurisdicción sobre una zona compleja, de barrios populosos pero afincados hace muchos años, como el Anai Mapu, hasta asentamientos que se fueron instalando en los alrededores con calles de difícil acceso. El agosto pasado, el oficial Cristian Caumillan fue condenado a nueve años de prisión por torturas y vejámenes contra dos personas que había detenido minutos antes por una sospecha de robo. El policía pasó los seis meses de la instrucción de la causa cumpliendo funciones en la comisaría de Choele Choel. Además, tenía un legajo complicado: 34 sanciones por diferentes faltas.

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En abril de 2016, Santiago Sagredo fue encontrado muerto en un calabozo de la Comisaría Cuarta, ubicada en pleno centro de Cipolletti. También había sido detenido por un episodio menor (conducir alcoholizado, que en todo caso se considera una contravención), y a la mañana siguiente apareció sin vida. La autopsia reveló que el hombre había padecido un ACV

Los policías Leandro Pastene, Cristian Correa y Daniel Ferreyra fueron acusados de “homicidio culposo”, por no haber siquiera realizado el chequeo médico de rigor. Finalmente, la justicia los condenó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a penas de entre seis y 12 meses, de ejecución condicional.

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En enero de 2017 se produjo otro hecho dudoso: un hombre de 44 años fue encontrado ahorcado en una celda de la misma comisaría Cuarta. La autopsia reveló que no se registraron señales de violencia producida por terceros, y que se había colgado usando su propio cinturón. La fiscalía investigó la responsabilidad de los efectivos por haber permitido que ingrese al lugar de detención con el cinturón, algo que está prohibido por las normas internas.

Durante una gresca entre dos grupos de jóvenes, Matías Vásquez recibió un disparo de un efectivo policial a muy corta distancia. El hecho se produjo en abril del año pasado. El arma, una escopeta, estaba cargada con munición de posta pero el impacto produjo la rotura de las costillas y un fuerte compromiso de los órganos internos. Por fortuna, Matías se recuperó. El cabo Franco Águila fue condenado a tres años de prisión en suspenso y exonerado de la fuerza policial.