El cabo Franco Águila, acusado de disparar un arma sobre el joven Matías Vásquez en la plaza céntrica de Cipolletti, permanece detenido en la comisaría de Fernández Oro. Sobre él pesa la calificación de ser el autor de lesiones graves, que lo pueden mantener en prisión hasta por 10 años, además de su exoneración de la policía rionegrina. La recuperación del adolescente, quien después de permanecer un mes y medio en terapia intensiva ya está en su casa, le permitió zafar de una situación más complicada.

El hecho se produjo en la madrugada del sábado 16 de abril, cuando un grupo de jóvenes decidió culminar una disputa que había comenzado en un boliche cercano, con una pelea generalizada en la plaza San Martín. Una patrulla policial llegó para tratar de desalentar la violencia, pero ocurrió todo lo contrario: hubo disparos al aire, forcejeos, corridas. En un momento Águila disparó su escopeta – cargada con postas de goma -, sobre el cuerpo de Vásquez pero a muy corta distancia. “A quemarropa”, definieron algunos testigos. La proximidad y la potencia del escopetazo provocaron la ruptura de las costillas, que terminaron lacerando el pulmón.

Por fortuna, los cirujanos del Hospital Moguillanksy lograron suturar la herida y compensar al herido, quien tras una larga internación pudo retornar a su hogar. Si otra hubiera sido la evolución, el cabo estaría enfrentando cargos por homicidio. Hoy, está acusado de lesiones pero agravadas por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La jueza Rita Lucía le dictó seis meses de prisión preventiva, considerando que es integrante de la policía rionegrina y que en esa situación puede provocar efectos sobre la investigación.

El artículo 90 del Código Penal establece una pena de entre uno y seis años si la lesión “produjere una debilitación permanente de la salud”, si “hubiere puesto en peligro la vida del ofendido” o bien lo hubiese “inutilizado para el trabajo por más de un mes”. Pero en el artículo 92, apunta que los miembros de una fuerza de seguridad recibirán una condena de entre tres y diez años.

Por lo pronto, la familia del afectado designó como abogado querellante a Michel Rischman, quien los representará en la causa penal. Paso previo a un reclamo en la justicia civil.