Río Negro: la suma del poder público

La suma del poder público, en efecto, consiste en la concesión a favor del titular de un poder del Estado, de controlar y decidir per sé por sobre los otros poderes existentes. En efecto, el poder Ejecutivo que ejerza tales facultades tendrá para sí el pleno control sobre los poderes legislativo y judicial.

En la naturaleza humana, señala Noam Chomsky, el ser humano muestra su cara cuando ejerce el poder, y es durante dicho ejercicio del poder que intenta repeler todo tipo de control o limitación a su voluntad. Algo similar a lo que mencionaba Jean Bodin (1530-1596) en relación al soberano, puesto que éste como creador de la ley, debe necesariamente estar por encima de ella y que las leyes por él impuestas deberían ser dictadas sin necesidad de consultar al súbdito o en su defecto impuesto aun contra su voluntad.
Así como Jean Bodin dedicó su vida a justificar en el marco de la teoría política el ejercicio del poder absolutista en la Francia del medioevo, la política no deja de ser una cuestión de poder y de naturaleza humana, donde la justicia no pasa por un verdadero análisis de justicia distributiva o conmutativa sino que por el contrario dicha naturaleza humana importa un ejercicio del poder en virtud de intereses propios por sobre los intereses generales.

En la actualidad, hay muchos Jean Bodin. Basta hacer un análisis de la realidad de los últimos actos de gobierno en la provincia de Río Negro para saber que el Poder Ejecutivo no hace otra cosa más que dar pasos en la búsqueda de la suma del poder público, al igual que lo hizo Rosas en 1835 y como también lo hiciera Enrique III en la Francia Absolutista.
La necesidad de controlar los demás poderes es en definitiva no sólo evitar el control externo, sino también la búsqueda constante del ejercicio del poder absoluto y sin limitación alguna.

El gobernador provincial se encontró por sorpresa con una amplia mayoría legislativa que le permitió hacer los primeros cambios sin que haya posibilidad alguna de evitarla. Las leyes a su antojo son dictadas sin debate alguno y sin control alguno. La única limitación existente se encontraba hasta entonces, en el Poder Judicial donde los miembros vocales del Superior Tribunal de Justicia podían ejercer el control de constitucionalidad de las normas dictadas por el legislativo.
No obstante ello, no dudó ese poder político en avanzar sin ningún tipo de reparos y alertas sobre ésta cuestión. Se dictó una nueva normativa que permitiría algo más que mejorar la calidad de justicia. La ampliación del número de jueces a cinco dio la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera controlar también la justicia. Jueces amigos, jueces del riñón del gobernador que ahora generan una mayoría automática para que el ejercicio del poder sea ilimitado, creado y construido a la medida de éste.
Los debates hasta el momento son pobres, de una discusión estéril que no hace otra cosa que ocultar que al igual que Juan Manuel de Rozas, el gobernador de Río Negro es titular de la suma del poder público.