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El oficialismo obtiene dictamen para la Ley Bases en Diputados
El oficialismo logró esta semana el tan esperado dictamen para la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Luego de arduas negociaciones y modificaciones, el proyecto será tratado en el recinto a partir de la próxima semana.
Uno de los cambios más destacados fue la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas que podrán ser privatizadas. El dictamen, que obtuvo 61 firmas, genera expectativas y controversias entre los distintos sectores políticos.
La oposición, por su parte, tiene la intención de impulsar la reincorporación en el recinto del capítulo que trata sobre los impuestos al tabaco, proponiendo un aumento en la alícuota del impuesto interno.
Las discusiones en el plenario no estuvieron exentas de polémicas, ya que varios diputados manifestaron su desconocimiento sobre el texto final del dictamen que se estaba debatiendo. Incluso, se incluyó a última hora una reforma laboral sin la suficiente información para su análisis y discusión.
El texto de la Ley Bases contó con el respaldo de 61 firmas de los diputados de la coalición oficialista LLA y del partido PRO. Sin embargo, otros sectores como la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal dieron su apoyo con disidencias en algunos puntos.
La Ley Bases establece importantes cambios en materia laboral, aunque solo se incluyeron aquellos aspectos que contaban con mayor consenso. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la extensión del período de prueba a 6 meses, la eliminación de multas por trabajo no registrado y la creación de un fondo de cese laboral.
En cuanto a las privatizaciones, la ley establece que Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión S.E. e Intercargo podrán ser vendidas en su totalidad. Por otro lado, AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales serán concedidas en forma parcial o mediante contratos de concesión. Por último, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) contarán con un programa de propiedad participada o incorporación de capital privado, manteniendo el control o mayoría de acciones en manos del Estado Nacional.
