Denuncian a una legisladora del PRO en Río Negro: se reveló una designación de familiares directos

Este miércoles, se presentó una denuncia en la Legislatura de Río Negro contra una legisladora del PRO por presunto nepotismo en su designación de cargos.

La parlamentaria viedmense, Ofelia Stupenengo, habría nombrado a cuatro familiares directos, incluyendo a su hijo, yerno, nuera y nieta, como "asesores y/o auxiliares legislativos". Además, la denuncia señala otra designación en el Tribunal de Cuentas municipal también relacionada al PRO.

La presentación formalizada en la Legislatura fue realizada por dirigentes del mismo partido en Viedma, entre ellos, Julio Barreno, quien milita en la fuerza fundada por Mauricio Macri. Esta denuncia pone nuevamente en crisis el manejo de los fondos públicos por parte de los representantes institucionales.

En diálogo con RIO NEGRO, el denunciante afirmó que tomaron esta medida luego de no obtener respuestas por parte de las autoridades del bloque y del partido. Además, Barreno adelantó su renuncia, así como la de otros dirigentes a la lista de Juan Martín para la elección interna del partido.

Desde la Legislatura, se confirmó la formalización de la denuncia y su derivación para su análisis jurídico. Por su parte, Stupenengo declaró no estar al tanto de la acusación ingresada en el Poder.

La denuncia plantea que este caso de nepotismo constituye un acto de inmoralidad y falta de ética, además de violar la incompatibilidad de la función pública. La ley 3550 establece la impugnación de recibir ventajas o usar propiedades y servicios del Estado en beneficio personal, de amigos o de familiares.

La denuncia menciona a las personas contratadas, quienes tienen parentesco con la legisladora, y asegura que estas designaciones se realizaron con cargo al presupuesto provincial. Las pruebas se encontrarían en el sector de recursos humanos de la Legislatura y en el área correspondiente del municipio local, en relación al nombramiento en el Tribunal de Cuentas.

Esta denuncia pone en evidencia una vez más la necesidad de garantizar la transparencia y el respeto por los principios éticos en el ejercicio de la función pública. Queda ahora en manos de la Legislatura realizar el análisis jurídico correspondiente y tomar las medidas pertinentes en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.

Fuente: Diario Río Negro