El Gobierno anunció la creación de un fondo especial para los damnificados de Bahía Blanca

En respuesta a las devastadoras inundaciones sufridas en Bahía Blanca el pasado 7 de marzo, el actual gobierno liderado por Javier Milei ha tomado una decisión crucial: la creación de un fondo especial destinado a mitigar las consecuencias del desastre y asistir a las familias afectadas. Este acto de gobierno se concretó a través del Decreto 238/2025, que fue publicado recientemente en el Boletín Oficial.

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Este fondo, que ha sido denominado Suplemento Unico para la Reconstrucción (SUR), ha sido dotado con 200 mil millones de pesos, una cifra que contrasta fuertemente con los iniciales 10 mil millones anunciados previamente. Las críticas hacia la ayuda inicial surgieron casi de manera inmediata, al considerarse insuficientes para cubrir incluso el 50% de la reconstrucción de infraestructuras básicas, como el hospital local. 

La administración de estos recursos estará a cargo del Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich. Este organismo será el responsable de establecer no solo las cuantías de los subsidios que se otorgarán, sino también de regular los procedimientos para su asignación, incluyendo los requisitos que los solicitantes deben cumplir, así como los mecanismos que garanticen la transparencia del proceso.

Respecto a los requisitos para acceder a este beneficio, el gobierno ha establecido un conjunto de criterios. En primer lugar, solo podrán postularse los ciudadanos argentinos, sean nativos, naturalizados o extranjeros con una residencia legal mínima de dos años en el país. Además, deberán acreditar que residían en Bahía Blanca para el momento específico de la catástrofe climática y detallar, mediante una declaración jurada, los daños que hayan sufrido sus bienes inmuebles. En caso de falsedad en esta declaración, el decreto estipula acciones legales que incluyen sanciones civiles y penales.

El contexto de esta decisión gubernamental se enmarca en el reconocimiento de los "severos daños" causados por el temporal, el cual no solo destruyó bienes e infraestructuras, sino que generó un impacto económico profundamente negativo en la comunidad. El compromiso del gobierno con los damnificados se presenta como "una medida excepcional" que demanda también una acción urgente y efectiva por parte del Estado.