Cupón PBI: Argentina enfrenta una nueva demanda por US$1.300 millones

 

Esta demanda ha sido presentada por un grupo de fondos de inversión financiera que continúan insistiendo en que la alteración de los datos estadísticos durante el gobierno de Cristina Kirchner les ocasionó un perjuicio considerable.

 

Aurelius Capital, acompañado por otros 13 fondos, encabezó la presentación judicial este miércoles ante la magistrada Loretta Preska. La nueva acción judicial sigue a una desestimación previa por parte de la misma jueza en abril del año pasado.

 

Según el especialista Sebastián Marill, en esta nueva demanda, Aurelius ha corregido los argumentos presentados en la demanda original de 2019, que también había sido desestimada a favor de Argentina.

 

El origen del conflicto se remonta a hace cinco años, cuando se presentó la causa inicial en 2019. Los demandantes cuestionan un cambio en los cálculos estadísticos implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner.

 

Argumentan que esta modificación evitó que se realizara un pago a los tenedores de bonos. Según los fondos, si Argentina no hubiera cambiado el método de cálculo del PBI, habría tenido que pagar los intereses de los cupones en varios períodos, incluidos 2014 a 2018, 2021 y 2022. Un aspecto crucial de este caso es que la jueza Preska nunca se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si realmente hubo una distorsión de los datos oficiales. Esto ha llevado a los fondos a regresar al juzgado en busca de un fallo favorable.

 

 

 

 

La controversia sobre el manejo de las estadísticas públicas durante la gestión de Cristina Kirchner no está confinada solo a Estados Unidos y también incluye un aspecto judicial abierto en la Corte Suprema del Reino Unido. En el Reino Unido, la demanda es aún mayor por un valor de 1.500 millones de dólares. A pesar de que la Justicia británica ya ha condenado a Argentina, el país ha apelado a la última instancia, depositando una garantía de 337 millones de dólares para cubrir un posible fallo adverso. Esta suma se descontará del pago final en caso de que la decisión no sea favorable. Por si fuera poco, la jueza Preska no es ajena a controversias relacionadas con Argentina.

 

Anteriormente, sentenció al país en primera instancia por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF en 2012. En esa ocasión, condenó a Argentina a pagar casi 16.100 millones de dólares. Su razonamiento fue que el gobierno de Cristina Kirchner no realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el total accionario, tal como lo establece el estatuto de YPF.

 

En su momento, el por entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, defendió la decisión del gobierno argumentando que no se debía seguir la ley de YPF al pie de la letra para intervenir en el control de la compañía.