¿Cuál puede ser la mejor vía para solucionar una pelea entre vecinos?

Los complejos de monobloks se pensaron como una solución rápida para la necesidad de viviendas: en un terreno reducido se podía disponer de una gran cantidad de departamentos, con un espacio central de uso común. La experiencia práctica es que los conflictos vecinales se incrementaron, que los propietarios avanzaban sobre lugares comunes y que nadie quedaba totalmente conforme.

La práctica de los “consorcios” tampoco fue muy bien recibida y pasaron muchos años para que pudieran comenzar a funcionar con regularidad. Y en ese abandono, muchos problemas quedaban sin solucionar.

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¿Cómo se puede abordar una problemática vecinal de esta naturaleza? En un complejo, dos familias tuvieron sus agarradas por el uso de las parrillas. Unos, la usaban; los otros, se quejaban de los ruidos, gritos y todo lo que conlleva un encuentro de esta naturaleza. Los que se consideraban afectados golpearon todas las puertas: la justicia de paz, la justicia civil, la justicia penal. En este último, por “amenazas”.

Hasta el momento, la primera en expedirse fue la penal: advirtió que este no es el mejor mecanismo para solucionar un conflicto entre vecinos. La investigación buscó esclarecer una situación calificada legalmente para el juicio como amenazas, que había ocurrido en abril de 2021 en Cipolletti. Según la acusación el imputado habría increpado a la víctima y la había advertido que podría agredirla. Al final, la defensa pública logró convencer al juez de la inexistencia de una “figura delictiva” y se absolvió al acusado.

A criterio del defensor oficial, si el conflicto puede abordarse desde otros fueros, debe propenderse a que se solucione allí, evitando la persecución penal innecesaria y utilizar condenas penales en casos que pudieran dar respuestas menos lesivas para las personas. Estas podrían incluir por ejemplo sanciones económicas o de prestar servicios sociales a través del cumplimiento de horas de trabajo ad honorem, entre otras posibilidades.

La defensa demostró que existe un reglamento interno del consorcio que contempla que en caso de violar las pautas allí mencionadas, el ocupando no propietario – o inquilino como era el imputado – podría ser desalojado. Esa situación había sido planteada ante el juzgado de paz y el fuero civil de esta ciudad y las partes esperan una resolución a un recurso presentado.

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Además, el defensor sostuvo que las presuntas amenazas no eran tales, sino que eran declaraciones que se realizaban en el marco de discusiones vinculadas exclusivamente a la convivencia barrial y que según los testigos del caso incluían insultos y groserías.

Generalmente, se define a las amenazas como el “anuncio de un mal inminente e injusto” y que debe provocar temor en el destinatario de las misma. Pero para poder alcanzar el estándar de una condena, el imputado debe actuar con dolo, es decir con la intención de generar ese temor en la víctima afectando su libertad para actuar pensando en la posibilidad de que esas palabras puedan ser llevadas a los hechos.

La defensa sostuvo que la prueba presentada por la acusación fue insuficiente para corroborar los dichos de la denunciante y que no era esa la intención de su representado, sino que todo se debía a discusiones por la mala relación entre vecinos y esa tesis fue aceptada por el magistrado a cargo del debate. En consecuencia, se dictó la absolución del imputado recanalizando el caso a otros fueros dentro del sistema de justicia.