La jueza de Garantías Laura González Vitale finalmente dio por formulados los cargos contra el actual diputado nacional Aníbal Tortoriello por fraude a la administración pública en la construcción de viviendas del plan Techo Digno. En la causa están involucrados el ex intendente de Cipolletti, Abel Baratti; los empresarios de la construcción Domingo Mocciola, Arturo Mendiberry y Daniel Zoppi, y la ex contadora de la municipalidad, Lucila Chiocconi. A partir de la decisión se abre la etapa de profundización de la investigación y la sustanciación del juicio.

La magistrada ponderó las argumentaciones realizadas por los defensores de los acusados, pero remarcó que en esta instancia no correspondía evaluar la calidad y la cantidad de la pruebas presentada, sino analizar la imputación en sí misma. Explicó que de acuerdo a la legislación y el criterio adoptado por el Superior Tribunal de Justicia, la formulación de cargos debe limitarse a interpretar si esas acusaciones están tipificadas en el Código Penal y si los acusados han entendido cabalmente de qué se los está imputando.

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Y si bien valoró los alegatos de los defensores, apuntó que “lejos de querer poner claridad sobre las infundadas sospechas, parecen querer poner obstáculos a la investigación”. González Vitale sostuvo que para garantizar “una investigación con las reglas de la publicidad, la celeridad, la inmediatez, donde las defensas puedan desplegar todos los medios de pruebas a su alcance en cumplimiento de pactos internacionales” es la realización de un proceso que aclare lo ocurrido.

Por esas razones, además de dar por formulados los cargos contra la imputados resolvió que se inicie la investigación preliminar pertinente. Un aspecto clave, como es la duración que tendrá esa etapa, quedó librada a un acuerdo de partes o a lo que defina un nuevo juez que intervenga en la causa.

La audiencia de formulación de cargos comenzó ayer a la tarde y se extendió durante cuatro horas, durante las cuales la fiscalía explicó por qué se encontraban en ese punto y postuló su teoría de cómo se habían desarrollado los hechos que afectaron al erario. Por su parte, los defensores realizaron sus descargos.

La fiscalía comenzó explicando que el convenio marco del programa Federal de Viviendas “Techo Digno”, estaba destinado a la construcción de 404 viviendas en la localidad de Cipolletti, subdivididas en cuatro planes y que se financiaría con fondos federales.

Según describió el equipo fiscal, los intendentes municipales Baratti y su sucesor Anibal Tortoriello, habrían desembolsado montos de pago a las empresas constructoras por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran. Una de las obligaciones que surgían del convenio era de la de abonar lo pactado con las empresas de forma mensual “contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio”.

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Respecto de la contadora municipal, se la acusa de haber tomado intervención de los pagos indebidos pero no haberlos observado incumpliendo con las funciones de control interno que se determinan por la Carta Orgánica Municipal. De esta forma suscribió las órdenes de pago colaborando de forma esencial para que la maniobra pueda realizarse.

La calificación legal del caso es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado. En el caso de los ex intendentes lo es en calidad de autores, mientras que para los empresarios lo es en calidad de partícipes necesarios.

Si bien en Cipolletti cuatro empresas fueron contratadas para la construcción de vivienda, el presidente de una de las firmas falleció durante la investigación y por este motivo no se avanzó en el proceso en su contra.