El diputado nacional por el PRO y candidato a gobernador por ese partido, el cipoleño Anibal Tortoriello, a través de sus abogados y usando recursos jurídicos permitidos logró ganar tiempo en la justicia en el contexto de la causa Techo Digno.

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El diputado forma parte del pesado expediente ya que debe explicar cómo fue el manejo administrativo de los fondos para la construcción de viviendas sociales, un plan que contemplaba 600 unidades habitacionales en Río Negro.

Dos ex intendentes de Cipolletti debían presentarse en la audiencia de formulación de cargos prevista para este lunes en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial: Tortoriello y Abel Baratti.

Pero el abogado Gustavo Palmieri, representante de Tortoriello presentó el 14 de octubre un pedido de aplazamiento de esta audiencia, alegando que al haber tomado la defensa hace menos de 60 días, necesitaban más tiempo para conocer todo el expediente. La ausencia del letrado en la audiencia de hoy tampoco permitió establecer una fecha clara para realizar la formulación de cargos.

Todas las partes involucradas en el proceso, abogados de los investigados, Fiscalía y defensa pública, estuvieron de acuerdo con el pedido de aplazamiento, considerando que las razones esgrimidas por Palmieri son razonables.

Así diputado obtiene una extensión de plazos que podrían llevar la audiencia incluso a febrero de 2023, es decir dentro de tres meses, cuando ya la campaña electoral esté en pleno desarrollo. 

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A pesar de la aceptación de todas las partes, esta mañana se realizó por Zoom la audiencia presidida por la jueza de Garantías Laura González Vitale en la que cada uno de los presentes manifestó su acuerdo con fijar una nueva fecha. 

La causa tiene como imputados a varios exintendentes y funcionarios de la provincia. También incluye a empresarios.

La magistrada propuso como fecha posible para dar continuidad al proceso los días 2 o 3 de diciembre pero debido a la ausencia de Palmieri en la audiencia no fue posible fijar la fecha. Un dato a tener en cuenta es que, de no hacerse en diciembre, ya pasaría a febrero por la feria judicial de enero.

Techo Digno fue un programa habitacional del último mandato presidencial de Cristina Fernández. A través de convenios locales, el dinero de las obras se giraba a los municipios, que debían certificar el avance de los proyectos y pagar a las empresas. En 2019, con el cambio de administración nacional, se descubrió que en muchas ciudades del país hubo desvío de fondos por plata recibida en municipios en los que no se habían hecho las obras.

Si bien el candidato a gobernador del PRO defendió a su antecesor, porque “todos los fondos enviados por Nación estaban en una cuenta especial”, contó que en noviembre del 2015 Baratti presentó “un certificado de final de obras” cuando esas construcciones “estaban en un 30% y pico. Eso fue muy anormal”, consideró.