Luego de varias postergaciones, finalmente la fiscalía pudo formular los cargos contra los ex intendentes de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y Abel Baratti; contra los empresarios Domingo Mocciola, Arturo Mendiberry y Daniel Zoppi, y les atribuyó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, durante el proceso de construcción de 404 viviendas en el marco del programa “Techo Digno”.

En concreto, se acusa a los jefes comunales de haber autorizado pagos por encima de los avances reales de obra, lo que derivó en un beneficio indebido de las empresas. También se los imputa por el hecho de haber desviado fondos de la cuenta específica del Banco Nación a otras cuentas del municipio. Y a los empresarios, de haberse beneficiado por aquellas maniobras.

En la causa se imputó también a la ex contadora municipal, Lucila Chiocconi, porque era la responsable de autorizar los pagos y como tal fue partícipe necesaria de ese delito. En cambio, no se continuó con la acusación contra el titular de Eca Construcciones, José Cerro, quien falleció durante la realización de las pericias.

La jueza de garantías, Laura González Vitale, explicó que su decisión sobre el pedido de formulación de cargos estará recién mañana a primera hora. “Yo había pedido no estar en esta audiencia porque estoy a horas de comenzar una licencia por razones personales y tengo que tomar otras definiciones importantes, como en el caso Otoño (Uriarte)”. Esta es la última intervención de la magistrada: luego de 29 años de trayectoria, se jubila.

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La causa se inició en forma genérica a partir de una investigación realizada por el ministerio del Interior en 2016 e impulsada por el ex juez Bonadío que, desglosada, permitió iniciar las distintas pericias que dieron lugar a la formulación de cargos.

Mediante el programa Techo Digno, en 2015 el gobierno nacional pautó con la municipalidad de Cipolletti la construcción de 404 viviendas. El municipio, entonces a cargo de Abel Baratti, llamó a licitación y adjudicó las obras a las empresas Zoppi Hermanos (97 viviendas, 50,2 millones de pesos); Eca (100 viviendas, $ 51,2 millones); Roque Mocciola (102; $ 52,7 millones); y Sigma (105 viviendas, $ 52,7 millones).

De acuerdo al acuerdo que firmaron el municipio y la secretaría de Vivienda, desde la Nación se transferían los fondos a una cuenta específica, y el gobierno local se encargaba de administrar, fiscalizar avance de obra, realizar los pagos y efectuar las rendiciones correspondientes.

La fiscalía atribuyó a ambos ex jefes comunales dos delitos: el de haber realizado pagos por avances de obras no realizados; y por desviar fondos de esa cuenta específica a otras cuentas bancarias del municipio.

Por su parte, los defensores de Tortoriello pidieron la nulidad de la formulación de la obra por “inexistencia de delito”, ya que no hubo perjuicio al Estado. Según los abogados Gustavo Palmieri y Sebastián Perazzolli, la propia secretaría de Vivienda aceptó que se habían devuelto los fondos sobrantes.

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Y apuntaron que el error de la fiscalía es no haber aplicado “las redeterminaciones de precios” a la cuenta final, una práctica habitual en un país que convive con la inflación. También enfatizaron que la causa “tiene un origen político”, que después de más de cinco años “no tiene pruebas suficientes para la acusación”.

En tanto, Juan Pablo Piombo – defensor de Baratti -, coincidió con el pedido de nulidad y solicitó que se incorpore la rendición final de la obra. “Esta causa está heredada por la fiscalía, de una investigación que estuvo dando vueltas y finalmente, en vez de investigar los casos donde verdaderamente hubo faltante de dinero, se investiga donde se devolvieron fondos sobrantes y las casas están hechas”, apuntó.

El abogado de Domingo Mocciola, Gadano, cuestionó dos puntos : por un lado, la imposibilidad de comparar los avances de obra con los avances financieros, porque el pago final se termina realizando “cuando se termina la obra y se paga la última cuota”. Además de que no fue posible equiparar “los índices utilizados por el IPVV con los que usaron los técnicos de la municipalidad y las empresas”.

En términos similares se pronunciaron las defensas del resto de los imputados. 

Juan Vincenty, representante legal del empresario Mendiberry, sostuvo que la acusación de la fiscalía es arbitraria y la calificó de “un verdadero disparate”.  E Iván Chelía (Zoppi), definió a los cargos como “arbitrarios”, porque no hubo afectación al erario.

El fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, tomó la palabra para pedir que finalmente se llegue a juicio porque "en esa instancia cada una de las partes va a poder ofrecer su prueba y demostrar lo que dice". Y enfatizó: "tenemos dos pericias que dicen que hubo perjuicio económico". Y enfatizó que cuando se maneja dinero del Estado "tenemos que seguir lo que las leyes nos indican"