Carmen se llama la mamá de Jorge Gatica, el joven que fue detenido por una denuncia de hurto y terminó muerto a golpes en la comisaría 45 de Cipolletti. Ella ahora tiene dos preocupaciones: por un lado, que se haga justicia. Por otro, la seguridad de los suyos. La mujer ratificó que están recibiendo amenazas y sufriendo actos intimidatorios desde hace un tiempo.

“Hay muchas cosas que se están escuchando decir. Y hace poco intentaron quemar la parte de atrás de la casa de mi hija. Después, la parte delantera de la verdulería del padre de mis hijos. Estamos preocupados por muchas cosas que están pasando y lo que se oye en la calle”, remarcó. La causa fue caratulada como “torturas seguida de muerte” y se agrava por la condición de policías de los cinco imputados, que permanecen con prisión preventiva.

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Jorge Gatica fue “demorado” tras una denuncia por el supuesto hurto en una despensa del barrio Anai Mapu, en el noreste de Cipolletti, aproximadamente a las 20 horas del 9 de enero. Hacía menos de una semana que había salido de prisión. Carmen denunció que “para detenerlo le dieron un rodillazo en la boca, le rompieron los dientes. Cuando la médica del hospital lo revisa, le pregunta por qué le sangraba la boca. Y le dijo que lo habían golpeado. Después le da el alta y lo devuelven a la Comisaría”.

“A las dos horas estaba muerto”, añadió. Jorge Gatica, 36 años, “tenía 50 golpes” distribuidos por todo el cuerpo, “siete costillas quebradas; una le atravesó el hígado”. Esto le produjo una hemorragia hepática que le provocó la muerte.

Los cinco policías que estaban de turno ese día están detenidos con prisión preventiva: el cabo primero Jorge Sosa y el sargento Alcides Quintrel, los más comprometidos, fueron alojados en el Penal 5 de Cipolletti. La sargenta primera Andrea Henríquez; el cabo primero Walter Carrizo; y el oficial ayudante Gastón Moraga, están con prisión domiciliaria. Además, la mujer recibió el beneficio de salidas monitoreadas para poder llevar a sus hijos a la escuela primaria.

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Carmen ahora reclama “que no haya privilegios para nadie y que se haga justicia. Es muy doloroso lo que hicieron con él. Me siento débil, sin fuerzas por estas cosas que están pasando. ¿Qué me espera mañana? ¿Que los trasladen a otra comisaría y hacer como que todo sigue bien? Quiero justicia. Lo mataron, lo torturaron, el no merecía morir así”.

Por su parte, Lila Calderón – referente de la Multisectorial local y activa protagonista de distintas organizaciones sociales -, exigió que “el Estado le brinde una protección adecuada” a la familia de la víctima. En ese sentido, comentó que “ni el hijo ni la pareja ni los padres están recibiendo un tratamiento psicológico, una contención. No hay una responsabilidad clara del Estado para con esta gente”.