El lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Maximiliano Segura, un joven de 28 años que desempeñaba funciones como delegado de la UOCRA en Catriel. Hasta el momento el único acusado del asesinato es Raúl Verón. 

La audiencia comenzó a las 14.30 presidida por la jueza Agustina Bagnoli. El fiscal jefe que encabeza la investigación sostuvo que ocurrió el 24 de septiembre a las 19 horas, cuando la víctima se encontraba a las afueras de la organización gremial ubicada en Avenida Roque Saenz Peña y calle Haití, del barrio 4 esquinas de Catriel.

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En esas circunstancias, Verón habría agredido con un arma blanca a Maximiliano Segura provocando lesiones en la zona del tórax que desencadenaron su deceso.

Hasta el día de hoy es una incógnita, tanto para la familia como para los defensores del agresor el poder determinar el contexto de los acontecimientos, por lo que de mutuo acuerdo coincidieron en profundizar la investigación para determinar el contexto del hecho.

Horas previas a la audiencia, el representante del Ministerio Público explicó que a la investigación habían incorporado el registro de una cámara de seguridad que captó los momentos previos donde se observaba a la víctima junto a otras personas ingresando a la vivienda del imputado y retirando cosas.

“Luego de ello se aproximan estas tres personas al domicilio del señor Verón. Ingresan por la fuerza y comienzan a golpearlo y a llevarse objetos personales de él: dos televisores y una computadora. De hecho esto está acreditado por la Policía” explicó en su momento el abogado defensor, José Luis Rishman

Con base en ese video y una serie de mensajes de audio de WhatsApp recibidos días previos al hecho por el padre del imputado que tendrían contenido amenazante respecto de allegados de la víctima al imputado, con base en la teoría del caso de la defensa, podría tratarse de un caso de legítima defensa.

La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de homicidio simple. Sin embargo, a medida que avance la causa existe la posibilidad de que la calificación legal y la descripción se vean modificadas.  

Teniendo en cuenta el estado de salud del imputado, la fiscalía y la querella que representa a la madre del fallecido y la defensa requirieron que la prisión preventiva sea convertida a una prisión de tipo domiciliaria en la ciudad de Cinco Saltos y que la misma sea monitoreada por un dispositivo GPS. 

Además, requirieron que sea colocado un policía que realice controles para evitar que el hombre se fugue. Cabe señalar que el imputado sufrió un hundimiento de cráneo, una lesión que fue acreditada por profesionales de la salud, donde coincidieron que la prisión domiciliaria garantiza un tratamiento sanitario adecuado.