06/09/2022

Denunciaron penalmente a María Emilia Soria y piden que sea investigada

Denunciaron penalmente a María Emilia Soria y piden que sea investigada

La intendenta de la ciudad, María Emilia Soria, fue denunciada en la justicia por la contratación de la encuesta que semanas atrás generó polémica. Por ella, el Municipio habría pagado 4,5 millones de pesos

El abogado roquense, Nicolás Suarez Colman, denunció a Soria por "abuso de autoridad" y por el "incumplimiento de los deberos de funcionario público". Señala en la acción legal que hubo un "sobreprecio" y que "se presupone que su
utilización ha sido con fines meramente políticos y electorales".

En la denuncia, Suarez Colman explica que la "contratación no cumplió incluso con los pasos administrativos correspondientes, puesto que (...) toda contratación, que tenga por objeto disponer y aprobar concesiones, licitaciones públicas, privadas, concursos de precios, deben tener la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal por el plazo de 10 días, previa adjudicación de la obra, servicio, tarea, o concesión".

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Además, denuncia que el tope máximo para una contratación directa, lo que ocurrió en este caso, incumple con la Resolución Municipal 1780/2022 del 30 de junio, que dispuso que el monto máximo para la contratación directa no podía superar los $423.000 y que superando los $3.645.000 deberá realizarse obligatoriamente una licitación pública.

De esta manera, solicitó que se investigue no sólo a la intendenta, sino también a la titular de la encuestadora, Florencia Filadoro y a todos los funcionarios intervinientes.

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"Básicamente quede a la espera de que tanto fiscales como concejales de la oposición actuarán de oficio o pidieran a la justicia que investigara el hecho, pero lamentablemente luego de casi un mes el tema quedó sin ser investigado" indicó el denunciante.

Cabe recodar, que el artículo 248 del Código Penal de la Nación señala que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

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