OPINIÓN Escribe Magdalena Odarda

| 13/09/2015

Medir con la misma vara

"Sólo pretendemos que el Poder Judicial, y en particular la Fiscalía de Estado de Río Negro, sean coherentes con lo que la población espera de ellos".

Medir con la misma vara
Constituye sin lugar a dudas una importante noticia la Resolución Judicial de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minería de Viedma, en virtud de la cual se hace lugar al pedido de la Fiscalía de Estado de Río Negro de solicitar la nulidad de la transferencia de más de 24 mil hectáreas a un privado en la Meseta de Somuncura. Tal solicitud obedeció a dar debido cumplimiento a ley 4874 de la Provincia de Río Negro, de la cual he sido coautora y principal promotora de su dictado incluso con anterioridad al actual gobierno rionegrino.
Vale consignar que para el dictado de tal resolución judicial en los autos "PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ MONTES, MAURICIO ALEJANDRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, la Fiscalía de Estado cumplió debidamente con su obligación de respetar los intereses de los rionegrinos y ha dado muestra para ello de un accionar diligente y coherente ante los estrados judiciales, obteniendo para ello el dictado de una sentencia ejemplar en función de haber propuesto la nulidad de las disposiciones de la Dirección de Tierras y Colonias de Río Negro nª 558/06 y 35/07.
         Para ello debió presentar en tiempo y forma el pedido judicial de nulidad a pedido de la Legislatura, argumentar con precisión respecto de las causales que permitirían al Estado Rionegrino recuperar esas 24.000 hectáreas en virtud de haberse excedido en la medida de la Unidad Económica, de no haber cumplido el adquirente con la posesión mínima de 5 años exigida por la ley 279, por omitir el informe del entonces Consejo Provincial de Medio Ambiente (CODEMA), por haber pagado un precio vil ($ 9,80.- la hectárea…) y por haberse denunciado el hecho por los anteriores ocupantes (Pilquimán y Aguilar). Finalmente la Fiscalía de Estado ofreció y realizó las pruebas solicitadas, así como tramitó oportunamente una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de lo que se estaba solicitando.
        Sin embargo, desde mi carácter de amparista en la causa por el libre acceso al Lago Escondido, "ODARDA, MARÍA MAGDALENA S/ MANDAMUS”, que actualmente se encuentra para resolver su ejecución ante el STJ y que vengo llevando adelante junto a numerosas organizaciones sociales y ambientales de todo el país desde hace más de 10 años, lamento profundamente no poder decir lo mismo respecto del accionar de la misma Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro en dicha causa.
        Ello es así en tanto, a más de 6 años del dictado por parte del STJ (julio de 2009), de la Resolución 64/09 que obliga al Estado Rionegrino a disponer las medidas efectivas para la apertura del camino más corto y accesible al Lago Escondido que comienza en el paraje "Tacuifí”, el accionar de la Fiscalía de Estado no ha sido otro que el de ponerse permanentemente del lado de la empresa demandada Hidden Lake S.A. y el de formular todo tipo de planteos procesales meramente dilatorios a fin de que no se ejecute dicha sentencia por parte del Estado Rionegrino.
        Que la empresa involucrada promueva tales dilaciones y trabas procesales no debe extrañarnos, pero lo que se torna en absolutamente insostenible es el hecho de que sea la Fiscalía de Estado de Río Negro, la misma que promoviera tan eficazmente la recuperación de las 24.000 hectáreas, quien fomente y promueva el incumplimiento de la sentencia del STJ a través de sus actuaciones, evitando por todos los medios posibles que un bien perteneciente al dominio público del Estado, tal como resulta el Lago Escondido, se vuelva accesible para todos los ciudadanos de la provincia y del país.
         Vale decir al respecto que ya en febrero del 2013, en la etapa de ejecución de sentencia, el Juzgado Civil Nº 3 de Río Negro, a cargo del Dr. Cuellar, había fijado al gobierno provincial un plazo perentorio de 90 días para que realizara los trabajos necesarios a fin de garantizar el tránsito por la vía de más fácil acceso al lago, es decir a través del camino conocido como "Tacuifí”. Sin embargo, tal decisión aún se encuentra incumplida por la mala fe procesal demostrada por algunas partes y, sobre todo, por el accionar displicente y cómplice de la Fiscalía de Estado de Río Negro, que debiera trabajar en pos del reconocimiento de los derechos de todos los rionegrinos y solo ha demostrado responder solícitamente a los intereses de la empresa Hidden Lake S.A.
        Hoy la causa se encuentra en instancia de resolver cuestiones menores de forma ante el STJ, pero a pesar de haber llegado ante ese máximo Tribunal hace más de 9 meses, apenas se acaba de resolver en el mismo que se investigue a los Jueces y funcionarios de Bariloche que habían dado un avance al cumplimiento de la sentencia, dando curso así a la denuncia de uno de los abogados del establecimiento Lago Escondido o "Hidden Lake” S.A.   
       Numerosas organizaciones civiles y ambientales de todo el país se están presentando en el expediente en carácter de "Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal) en base a la ley 4185/07 de la Provincia de Río Negro, también de mi autoría, expresando sus razones de apoyo al amparo presentado en base a su materia de incumbencia y solicitando que no se continúe dilatando esta situación en base a cuestiones meramente formales; expectantes de que el Tribunal más alto de la Provincia no siga permitiendo que se sostenga esta deuda moral para con todos los ciudadanos.
     Sólo pretendemos que el Poder Judicial, y en particular la Fiscalía de Estado de Río Negro, sean coherentes con lo que la población espera de ellos, resolviendo en defensa de los intereses de todos los ciudadanos rionegrinos y argentinos, así como de todos los ciudadanos del mundo interesados en conocer una maravilla natural argentina que nunca debió dejar de ser pública.
 
Magdalena Odarda 
Senadora nacional Interbloque FAP-UNEN-CC ARI
 
 
 
 
 
 
 
 
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