Fin a una norma de 1997: cambió para siempre el control de la luz y el agua en Río Negro

En el marco de la sesión realizada este jueves, la Legislatura de Río Negro sancionó la ley que dispone la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC). Se trata de un organismo que unifica y fortalece el marco regulatorio, la fiscalización y la fijación de tarifas para los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales en todo el territorio provincial.

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La nueva entidad, que actuará dentro de la órbita del Poder Ejecutivo con autarquía técnica, funcional y presupuestaria, asumirá la continuidad institucional y las competencias del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) - el cual queda disuelto -, integrando además de manera directa el contralor de los servicios de saneamiento que venía ejerciendo de forma transitoria el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Durante la fundamentación del proyecto, el legislador Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) destacó la trascendencia de la iniciativa al señalar que se trata de un debate con impacto directo en la cotidianidad de la ciudadanía rionegrina. Resaltó que la ley define una clara arquitectura de distribución de roles en la gestión de los servicios esenciales y sienta las bases para un ente regulador multisectorial que en el futuro podrá incorporar otras prestaciones.

El parlamentario remarcó que con esta aprobación la Provincia salda una deuda histórica de 28 años fijada por la ley del año 1997, norma que había encomendado de forma provisoria el control del agua y las cloacas al DPA. Esa transitoriedad se prolongó en el tiempo y hoy encuentra su fin en pos de la división transparente de funciones, garantizando que quien diseña, ejecuta y controla no vuelva a ser el mismo organismo estatal.

Los fundamentos de la norma destacan la tutela de los derechos de las personas usuarias actuales y futuras, la búsqueda de la calidad y eficiencia en la prestación, y la garantía de tarifas justas, asequibles y razonables. Al respecto, Pica llevó tranquilidad a la población al aclarar que la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo no modifica los marcos regulatorios sustantivos, no altera los contratos de concesión ni incrementa el gasto público provincial, ya que el ERSeC se financiará - al igual que el EPRE - mediante la tasa de inspección y control que abonan las empresas prestadoras en proporción a sus ingresos.

El legislador enfatizó además que esta reforma alinea a Río Negro con los esquemas de regulación más modernos del país y del mundo, elevando sustancialmente la calidad institucional de la provincia.

La conducción y administración del ERSeC estará encomendada a un Directorio integrado por tres miembros - Presidencia, Vicepresidencia y Vocalía - elegidos por el Poder Ejecutivo entre profesionales de probados antecedentes en el sector, quienes ejercerán sus funciones por un mandato de cuatro años bajo un estricto régimen de incompatibilidad con empresas vinculadas a los servicios regulados.

Tras la promulgación de la ley, el Ejecutivo dispondrá de un plazo de noventa días para su reglamentación, a partir del cual se iniciará la etapa de noventa días para la puesta en marcha efectiva del Ente, garantizando la continuidad de las funciones regulatorias durante todo el periodo de transición.

Por su parte, el legislador Luciano Sempé (Vamos con Todos) expresó su acompañamiento a la idea general de unificar los controles y ordenar el rol del DPA, aunque cuestionó aspectos centrales del proyecto al señalar fallas en la atención y en la representación de los vecinos. Remarcó que los mecanismos virtuales de reclamo suelen resultar ineficientes y alejados de la realidad territorial, por lo que solicitó que el nuevo organismo cuente con sedes presenciales en cada municipio y comisión de fomento para brindar una respuesta directa a las personas usuarias frente a los reiterados problemas en las prestaciones de los servicios.

En ese sentido, Sempé advirtió sobre la falta de neutralidad del Estado e insistió en la necesidad de incorporar formalmente a representantes de los usuarios dentro del Directorio del ERSeC, indicando que la conducción no debería quedar bajo la designación exclusiva del Poder Ejecutivo. Asimismo, criticó que el ente no prevea una instancia de discusión más amplia con las cámaras comerciales, los sectores productivos y la ciudadanía, argumentando que sin la participación activa y el control de los propios usuarios no se garantizará el correcto funcionamiento del nuevo esquema regulatorio.

El legislador Fernando Furgoni (CC ARI – Cambiemos) respaldó la necesidad de sustituir el esquema actual al considerar que el EPRE no brindó respuestas eficientes a los reclamos de los vecinos, aunque exigió que el nuevo organismo actúe con máxima severidad e imponga sanciones estrictas a las empresas concesionarias como EdERSA ante los reiterados cortes de energía. En ese sentido, graficó la crítica situación que atraviesa la Costa Atlántica con los permanentes apagones en localidades como Las Grutas, San Antonio Oeste y Sierra Grande, remarcando que la ciudadanía paga tarifas elevadas y merece recibir prestaciones de calidad.

Asimismo, Furgoni puso en duda que la atención virtual sea suficiente para resolver las demandas cotidianas de los usuarios, especialmente de aquellos sectores que presentan dificultades para acceder o interactuar con las nuevas tecnologías. El parlamentario insistió en que el ERSeC debe poner al usuario en el centro de sus políticas, supervisar de manera rígida el cumplimiento de las inversiones y evaluar la quita de concesiones si los prestadores no cumplen con los estándares mínimos requeridos para garantizar un servicio estable y seguro.

Por su parte, el legislador Daniel Sanguinetti (Cambia Río Negro) adelantó el rechazo de su espacio al proyecto tras calificar la iniciativa como una “ley exprés” que no contó con el tiempo suficiente ni con las instancias de consulta necesarias para escuchar a los sectores directamente involucrados. Señaló que importantes prestadores de la provincia, como la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB), que administra 60.000 medidores, se anoticiaron del proyecto a través de los diarios y no tuvieron la oportunidad de brindar su postura sobre el nuevo marco regulatorio.

En el mismo sentido, Sanguinetti advirtió sobre el impacto que la nueva tasa de inspección y control podría tener en la zona andina, puntualmente sobre las juntas vecinales de Bariloche que autogestionan el servicio de agua en los barrios del oeste, manifestando que las explicaciones brindadas por los funcionarios no aportaron certezas sobre cómo se aplicará el cálculo tarifario a estas organizaciones comunitarias. Concluyó que, pese a la idea inicial de simplificar estructuras estatales, la falta de debate profundo, el tratamiento de vuelta única y las dudas técnicas impiden acompañar la sanción de la ley.

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) fundamentó el voto en contra de su bloque al denunciar la falta de participación ciudadana, señalando que se ignoró el pedido expreso de cámaras de comercio, productores frutícolas y entidades como la CAIC de General Roca, quienes habían solicitado prorrogar el tratamiento de la norma para poder opinar. Odarda advirtió que el proyecto debilita la estructura del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y cuestionó la composición del Directorio al no preverse la inclusión obligatoria de un defensor o representante de los usuarios que garantice el trato digno frente a empresas monopólicas como EdERSA.

Además, la parlamentaria calificó como deficiente el rol histórico de los entes de control como el EPRE, que han dejado a los usuarios desprotegidos ante la falta de canales efectivos de reclamo. Asimismo, alertó sobre los sistemáticos cortes de suministro que sufren los sectores vulnerables y los jubilados en incumplimiento de la Ley 5860, apuntando no solo contra la distribuidora eléctrica sino también contra la prestadora de gas Camuzzi, a la que denunció por negarse explícitamente a acatar la legislación provincial de protección al usuario.

A su turno, el legislador Juan Murillo (PRO – Unión Republicana) adelantó el acompañamiento de su bancada a la iniciativa al considerar razonable la unificación de organismos para generar economías de escala, evitar estructuras duplicadas y dar mayor capacidad técnica al Estado. Sin embargo, Murillo fue crítico con la falta de debate profundo y el tratamiento acelerado de la norma, señalando que una reestructuración institucional de esta magnitud requería más tiempo para escuchar las observaciones de las cámaras empresarias y los sectores productivos que solicitaron postergar el debate.

En ese sentido, el parlamentario expresó su preocupación respecto a la concentración de poder y la independencia del ERSeC, al objetar que sus tres directores sean nombrados únicamente por el Poder Ejecutivo y con la posibilidad de reelección indefinida. Al respecto, reforzó el pedido realizado en comisiones para que los miembros del Directorio requieran el acuerdo de la Legislatura y se limite su mandato a una sola reelección, argumentando que estos mecanismos aportarán la transparencia, el control institucional y la alternancia que deben regir en un órgano regulador moderno.

Finalmente, el presidente del bloque oficialista, Facundo López (Juntos Somos Río Negro), revalidó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y defendió el esquema de gobernanza del ERSeC. Sostuvo que la designación directa de los directores por parte del Gobernador replica el modelo del EPRE vigente durante años y garantiza eficiencia y alineación técnica en la gestión. López también justificó la neutralidad del Directorio al explicar que el Ente debe actuar como un regulador imparcial y equilibrado, dado que las empresas buscan rentabilidad y los usuarios pretenden pagar tarifas menores, requiriendo un árbitro estatal independiente sin sesgos partidarios ni corporativos.

Respecto a las críticas opositoras sobre la aceleración del debate y la atención al usuario, López remarcó que se cumplió con todos los pasos reglamentarios en comisión y valoró la modernización tecnológica como una herramienta de equidad territorial para evitar traslados innecesarios a los centros urbanos. Asimismo, ponderó las inversiones históricas y el acompañamiento del Estado a las cooperativas locales, destacando la aplicación efectiva de multas por cerca de 10.000 millones de pesos a las empresas incumplidoras para defender los derechos de los rionegrinos y exigir prestaciones de calidad.