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24/04/2026

¿Sabías que desde los 14 años una amenaza en la escuela puede terminar en una causa penal?

Las amenazas de tiroteo en escuelas de Roca abrieron una discusión que ya no pasa solo por las pintadas en los baños. La psicopedagoga Lucía del Castillo advirtió que muchas conductas que adolescentes toman como un juego pueden tener consecuencias judiciales reales.
Los menores de 14 años continúan fuera de la responsabilidad penal, mientras que desde esa edad el nuevo régimen prevé la posibilidad de intervención judicial en delitos graves. Foto: redes/ilustrativa.
Los menores de 14 años continúan fuera de la responsabilidad penal, mientras que desde esa edad el nuevo régimen prevé la posibilidad de intervención judicial en delitos graves. Foto: redes/ilustrativa.

“Que sea un chiste no lo hace menos grave y hacerlo en grupo no te salva”. Con esa frase, la psicopedagoga Lucía del Castillo puso el foco en una realidad que volvió a quedar expuesta en Roca después de las amenazas de tiroteo registradas en distintos colegios de la ciudad.

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Del Castillo explicó que muchas situaciones que suelen minimizarse dentro de la escuela pueden salir de ese ámbito y pasar a la Justicia. “Una pelea que termina con un golpe puede convertirse en una lesión; una amenaza verbal puede abrir una causa judicial; llevarse una mochila ajena puede ser hurto; romper objetos o hacer grafitis puede encuadrarse como daño”, detalló.

Implicancias legales de las amenazas. Infografía: ANR
Implicancias legales de las amenazas. Infografía: ANR

 

La psicopedagoga roquense también remarcó que “lo que pasa en redes también cuenta” y que amenazar, hostigar o difundir contenido sin permiso del implicado puede tener consecuencias reales. Para Del Castillo, el problema no nace en las redes sociales, sino que allí se expresa. Por eso insistió en que el acompañamiento adulto no puede reducirse al castigo: requiere presencia, diálogo y límites claros.

La advertencia de Del Castillo aparece en medio de una serie de intimidaciones registradas en distintos colegios de Roca. En los últimos días aparecieron mensajes escritos en los baños del CET 17, María Auxiliadora, la ESRN 106, la ESRN 107 y otros establecimientos, donde se advertía sobre posibles tiroteos o ataques. En todos los casos se activaron protocolos de seguridad, hubo presencia policial y medidas preventivas, aunque no se encontraron armas ni se registraron hechos violentos.

Además, la directora general de Educación, Marcela Strahl, confirmó a ANR que en la ciudad hubo amenazas en 10 escuelas, entre primarias y secundarias, mientras que en toda la provincia ya se contabilizaron 120 instituciones afectadas. La mayoría de esos mensajes aparecieron en puertas o paredes de baños, lo que obligó a intervenir a directivos, familias, Policía y organismos de seguridad.

En ese escenario, Del Castillo también se refirió a la baja de la edad de imputabilidad y explicó que el nuevo Régimen Penal Juvenil ya fue aprobado en Argentina y fija los 14 años como nuevo piso para la responsabilidad penal adolescente en determinados delitos.

Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil

La ley ya fue sancionada, pero su aplicación plena no será inmediata. El nuevo Régimen Penal Juvenil establece un plazo de 180 días para adecuar el funcionamiento judicial, por lo que entrará en vigencia efectiva en septiembre de 2026.

El abogado y docente de Derecho Pedro Urra explicó a ANR que una amenaza de tiroteo en una escuela no puede tratarse como una simple travesura. Cuando el mensaje busca generar miedo generalizado y no está dirigido a una persona puntual, el encuadre principal no suele ser una amenaza simple, sino la figura de intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal.

Eso obliga a la intervención de la Policía y de la Fiscalía aunque después se determine que se trató de una broma o de un desafío viral. La denuncia no apunta primero a un estudiante, sino al hecho: la existencia de una intimidación dentro de una institución educativa.

Urra también aclaró que los menores de 14 años continúan fuera de la responsabilidad penal, mientras que desde esa edad el nuevo régimen prevé la posibilidad de intervención judicial en delitos graves. Además, si existen daños económicos por operativos, suspensión de actividades o despliegue de recursos, también puede haber responsabilidad civil para las familias.

Por eso, tanto desde lo educativo como desde lo legal, el mensaje es el mismo: no todo queda entre preceptores, directivos y padres. Algunas conductas que antes parecían resolverse dentro de la escuela hoy pueden terminar en una causa penal.

 
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