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20/04/2026

"Falsa médica": la defensa pidió sacarle la tobillera y liberar los bienes, y la fiscalía se opuso

La audiencia de revisión de medidas cautelares terminó sin resolución. La defensa pidió levantar la tobillera y la inhibición de bienes, la fiscalía se opuso y el juez pasó a un cuarto intermedio hasta el martes a las 9.
Mariela Fernanda Marzano junto a sus abogados defensores durante la audiencia de este lunes en los tribunales de Roca, donde se revisaron las medidas cautelares en su contra. Foto: Tania Domenicucci-ANR
Mariela Fernanda Marzano junto a sus abogados defensores durante la audiencia de este lunes en los tribunales de Roca, donde se revisaron las medidas cautelares en su contra. Foto: Tania Domenicucci-ANR

La defensa de Mariela Fernanda Marzano, la mujer investigada por el presunto ejercicio ilegal de la medicina tras presentar documentación que sería falsa para obtener la matrícula, pidió que se levanten las medidas cautelares impuestas por la Justicia, por las que debe usar tobillera electrónica y tiene los bienes inhibidos, durante la audiencia de revisión que se realizó este lunes en los tribunales de Roca.

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Los abogados defensores Iribarren y Pineda, quienes representan a Marzano, sostuvieron que se trata de una causa “puramente mediática” y plantearon que “no puedo controvertir algo que no conozco, donde no se le ha acreditado nada”. En ese sentido, Iribarren afirmó que “las presuntas denuncias existen en la nube” y cuestionó que se mantengan medidas restrictivas sin formulación de cargos.

Estas medidas se transforman en un anticipo de pena”, agregó el defensor, quien pidió que se reemplacen por alternativas más leves. En la misma línea, Pineda remarcó que “las medidas cautelares no deben convertirse en una sanción anticipada” y advirtió sobre el respeto al principio de inocencia y las garantías constitucionales.

Por el lado del Ministerio Público Fiscal, la fiscal Celeste Benatti se opuso al planteo de la defensa y pidió que se mantengan las medidas cautelares, al considerar que son necesarias para resguardar la investigación. “Son medidas razonables y proporcionales”, sostuvo.

La fiscal explicó que la causa investiga si Marzano “ejerció la medicina durante varios años con documentación presuntamente falsa” y detalló que “se desempeñó en la Clínica Roca durante aproximadamente seis años, en el hospital local durante dos años y en el sanatorio Juan XXIII durante un período más breve”. Según indicó, en ese tiempo “habría percibido ingresos tanto del Estado como de instituciones privadas”.

En ese contexto, Benatti señaló que “cuando se presentó la denuncia se actuó dentro de las 24 horas, se ordenaron allanamientos el mismo día y se avanzó con distintas medidas de prueba”, y explicó que “no se solicitó la formulación de cargos en ese momento porque todavía había muchas diligencias pendientes”.

Además, la fiscal indicó que “se dispuso resguardar historias clínicas de pacientes atendidos por la mujer ante la posibilidad de futuras denuncias” y afirmó que “familiares de personas que habrían sido atendidas por Marzano se presentaron en la fiscalía para denunciar fallecimientos que están siendo investigados”.

En esa línea, Benatti agregó que “durante el plazo de investigación preliminar se prevé avanzar con la formulación de cargos”, en función de la prueba que se continúa recolectando.

El juez de garantías Carlos Gatti no resolvió en la audiencia y dispuso un cuarto intermedio. La decisión se conocerá este martes a las 9, cuando definirá si mantiene o modifica las medidas cautelares.

Cómo empezó la causa contra Marzano

La investigación se inició a partir de una denuncia del ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la documentación con la que la mujer habría obtenido la matrícula profesional. Según la fiscalía, con ese aval se desempeñó durante años tanto en el sistema público como en clínicas privadas del Alto Valle.

En los últimos días, el caso sumó nuevas denuncias de familiares de pacientes que habrían sido atendidos por Marzano, algunas vinculadas a fallecimientos, que ya se encuentran en análisis en el Ministerio Público Fiscal.

 

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