Falsa médica: “Está muy mal”, dijo su abogado y aseguró que es inocente

En medio de la investigación que involucra a la médica Mariela Marzano por el presunto uso de documentación falsa para ejercer, su abogado defensor, Oscar Pineda, aseguró que todavía no tuvo acceso al expediente judicial y que la defensa se encuentra en una etapa inicial.

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“Yo no he accedido a esa documentación, porque no me vincularon al expediente todavía”, explicó el letrado en una entrevista en Canal 10. En ese sentido, indicó que por el momento sólo cuenta con la versión brindada por su clienta, quien —según afirmó— sostiene su postura respecto a los hechos.

La causa se originó a partir de una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, tras detectar inconsistencias en la documentación con la que Marzano obtuvo su matrícula en 2020. De acuerdo a la investigación, la mujer habría ejercido en hospitales públicos y clínicas privadas de General Roca y Villa Regina, e incluso ocupado roles de coordinación en el ámbito de la terapia intensiva.

Según se informó oficialmente, tanto la Universidad de Los Andes (Venezuela) como la Universidad Nacional del Comahue rechazaron la validez de los certificados presentados, los cuales contaban con certificaciones notariales.

Sin formulación de cargos 

Uno de los puntos que remarcó Pineda es que, hasta el momento, no se realizó la formulación formal de cargos en la causa. “Entiendo que todavía no tienen la teoría del caso completa”, señaló, y explicó que en esta etapa sólo se dispusieron medidas cautelares.

Actualmente, Marzano permanece en libertad, pero bajo condiciones: uso de tobillera electrónica, prohibición de salida del país, retención de documentación para viajar y una inhibición general de bienes, mientras avanza la investigación.

Desde la Fiscalía se indicó que los hechos podrían encuadrarse en delitos como usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documento público y uso de documento falso, en concurso real, lo que implica que se analizan conductas que podrían corresponder a distintas figuras penales.

Al respecto, el defensor aclaró que este tipo de calificación “no implica una sumatoria automática de penas”, sino que se trata de un proceso en el que eventualmente se determina una sanción en función del conjunto de hechos.

La estrategia de la defensa

Pineda sostuvo que la estrategia de la defensa se definirá una vez que se formalicen los cargos y se conozcan en detalle los hechos atribuidos y la evidencia reunida por la Fiscalía.

“Habrá que ver si la circunstancia fáctica está bien descripta y cómo está encuadrada jurídicamente, y después analizar la evidencia”, explicó.

Además, remarcó el principio de inocencia que rige en este tipo de procesos. “Hasta que no se demuestre su culpabilidad, va a ser inocente”, afirmó.

En relación al estado de su defendida, indicó que se encuentra “mal, muy mal” desde el punto de vista anímico, en el marco del avance de la causa.

Durante la entrevista, el abogado también se refirió a la denuncia conocida recientemente por una presunta mala praxis, vinculada a una atención ocurrida tiempo atrás por Marzano.

Sobre este punto, consideró que se trata de una situación compleja de probar debido al tiempo transcurrido. “Es muy difícil reconstruir un hecho de esta naturaleza si no se cuenta con el objeto material concreto que permita realizar una pericia en el momento”, explicó.

En ese sentido, señaló que este tipo de investigaciones suelen requerir evaluaciones inmediatas para poder determinar responsabilidades, lo que se ve dificultado cuando han pasado uno o dos años desde el hecho denunciado.

El caso 

La investigación se inició cuando el ministerio de Salud de Río Negro detectó irregularidades en la documentación con la que la mujer obtuvo su matrícula profesional y dispuso su suspensión. A partir de esa verificación, se presentó una denuncia penal que dio origen a un legajo en el que se analiza si ejerció durante años con títulos presuntamente apócrifos en clínicas privadas y en el sistema público del Alto Valle.

En ese contexto, la Justicia ordenó allanamientos, así como la detención de la mujer y el secuestro de documentación médica y dispositivos electrónicos y avanzó con una audiencia en la que le impusieron medidas cautelares. La mujer recuperó la libertad, pero deberá cumplir restricciones, entre ellas el uso de tobillera electrónica, la prohibición de salir del país y la inhibición de bienes, mientras continúa la investigación preliminar.