6 claves legales: ¿Qué delitos se investigan en el caso de la presunta falsa médica?

La investigación contra Mariela Fernanda Marzano se inició tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, luego de detectar inconsistencias en la documentación con la que obtuvo su matrícula en 2020.

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La mujer habría desempeñado funciones en hospitales públicos y clínicas privadas de General Roca y Villa Regina, llegando incluso a coordinar el área de Terapia Intensiva en un centro de salud privado. Hasta la fecha, tanto la Universidad de Los Andes (Venezuela) como la Universidad Nacional del Comahue han negado la validez de los certificados presentados por la imputada, los cuales contaban con certificaciones de un escribano público.

Actualmente, Marzano se encuentra bajo un régimen de control con tobillera electrónica, prohibición de salida del país e inhibición de bienes, mientras la fiscalía avanza en el peritaje de sellos, recetarios y dispositivos electrónicos secuestrados en recientes allanamientos.

Claves para entender el proceso judicial

Más allá del impacto social, la Justicia analiza una serie de presuntos delitos que, de comprobarse, implican diferentes escalas penales y responsabilidades que alcanzan tanto a la esfera pública como a la privada.

1. La calificación del hecho: ¿Concurso real o ideal?

La fiscalía ha mencionado delitos como usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documento público. En términos jurídicos, la pena final dependerá de cómo se "concursan" estos delitos:

• Concurso Ideal: Si se considera que una sola acción (presentar el título falso) derivó en todos los delitos, se aplica la pena del delito más grave.
• Concurso Real: Si se determina que fueron hechos independientes (por ejemplo, cada vez que ejerció o cada documento falsificado), las penas podrían sumarse. En este escenario, la escala penal se conforma con el mínimo mayor y la suma de los máximos, con un tope de 50 años.

2. Responsabilidades de control: ¿Quién debía mirar?

Uno de los puntos más sensibles es la responsabilidad de los organismos estatales y privados (clínicas) que validaron la matrícula. La investigación preliminar deberá determinar cómo se otorgó la habilitación y qué controles fallaron.

Legalmente, se analiza si hubo negligencia o falta en los deberes de control al momento de la contratación de la profesional, quien actualmente asegura ser médica y poseer la formación correspondiente.

3. ¿Son válidos los actos médicos realizados?

Existe una gran preocupación sobre la validez de las recetas, certificados y diagnósticos firmados por la investigada. Como principio general, estos documentos mantienen su vigencia hasta que se demuestre un perjuicio concreto y sean invalidados judicialmente.

• Para que un paciente pueda accionar penalmente por mala praxis, debe acreditarse un daño real en la salud derivado directamente de la intervención de la mujer.
• En el ámbito civil, quienes se sientan perjudicados podrían reclamar por "daño moral" o situaciones similares ante la justicia correspondiente.

4. El rol del escribano

La documentación bajo sospecha habría sido certificada por un escribano público. Esto abre una línea de investigación específica: el Colegio de Escribanos deberá analizar la responsabilidad ética, mientras que la Justicia evaluará si el profesional sabía que los documentos eran apócrifos, lo que podría derivar en responsabilidades civiles o incluso penales.

5. Medidas cautelares y riesgo de fuga

La decisión de la jueza de otorgar la libertad con tobillera electrónica e inhibición de bienes se considera, en esta etapa, una medida razonable. Aunque los hechos son graves, las penas previstas para estos delitos no son extremadamente elevadas, y el dispositivo GPS busca asegurar que la imputada permanezca a derecho mientras se procesa el gran volumen de evidencia secuestrada.

6. Cooperación internacional

Dado que el título original supuestamente proviene de la Universidad de Los Andes (Venezuela), la Justicia argentina deberá activar mecanismos de oficios internacionales y canales diplomáticos (vía Cancillería) para corroborar la veracidad de los registros.

Estos trámites son habituales en la región y permiten certificar si un ciudadano extranjero o con títulos del exterior posee realmente el grado académico invocado.

El avance de la causa dependerá ahora de los peritajes técnicos y de las respuestas que lleguen vía exhortos internacionales para confirmar, de manera irrefutable, la inexistencia/existencia de los registros académicos invocados por la defensa.

Mientras tanto, el caso pone en alerta al sistema médico, dejando abierta la puerta a posibles reclamos por parte de pacientes que podrían haber sido damnificados por la atención de la profesional bajo la lupa.

Bajo el estricto cumplimiento del principio de inocencia, los próximos meses de investigación preliminar serán determinantes para esclarecer si se trató de un error administrativo de gran escala o de una sistemática estafa a la fe pública.