"Narcomenudeo", el móvil del delito que sugiere el abogado del padre de Julián Dobra

El viernes pasado, el Ministerio Público Fiscal imputó al último detenido por el crimen de Julián Dobra. Entre las pruebas presentadas para vincularlo con el grupo investigado por el homicidio figuran pericias de teléfonos celulares, rastros biológicos y registros de cámaras de seguridad. 

Además, la causa fue declarada “compleja” por el juez de Garantías, Gustavo Martínez Vivot y la investigación se extenderá hasta el 9 de mayo de 2026.

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El abogado querellante que representa al padre de la víctima, Oscar Pineda, habló con los medios sobre los avances del caso y las recientes pruebas recabadas en los análisis periciales, tanto del celular de Dobra como de los más de 40 teléfonos incautados durante los allanamientos. 

Según explicó, los nuevos elementos permitirían acercarse a determinar el móvil del crimen y precisar la trayectoria y geolocalización de los imputados al momento de los hechos.

“Narcomenudeo, ese fue el móvil del delito y también las circunstancias de querer quedarse con el auto y después venderlo”. En esa línea, descartó que se tratara de un mensaje mafioso, ya que “no era mucho dinero” y por la forma en que actuaron los responsables, “personas que van a cometer un homicidio y se olvidan del celular” demostró que no eran profesionales.

Uno de los principales avances de la investigación a siete meses del asesinato fue la apertura de ese celular olvidado en la escena del crimen. Según detalló Pineda, la víctima mantenía conversaciones con todos los imputados y con personas de Allen. 

“Julián tenía miedo de que le llegara a pasar algo, entonces le manda un mensaje a uno de los que están imputados en la causa para saber si tenía un revólver o un arma de ese estilo para defenderse”, relató.

El abogado explica que el imputado le contesta y le dice que “sí, que tenía un arma y que la iban a probar a un lugar seguro”. El lugar que le habrían sugerido para hacer las pruebas era la barda norte de la ciudad, en cercanía a la defensa Catini, sitio donde el 30 de abril encuentran el cuerpo sin vida de Julián. 

Por ese motivo, la querella solicitó que se los imputara también por premeditación, ya que “estaba todo organizado con el argumento falaz de probar las armas”. Aunque el motivo exacto del asesinato aún no fue esclarecido, Pineda sostuvo que los involucrados “eran chicos que estaban bajo los efectos de la droga” y mencionó que existía cierta “envidia” hacia Julián porque tenía su auto, su departamento y su trabajo.

Según el abogado, el vínculo entre la víctima y los acusados surgió del consumo y la compraventa de estupefacientes a pequeña escala. “No era una organización de gran importancia, era narcomenudeo”, aseguró.

Por el crimen, los imputados enfrentan penas de entre 10 y 15 años de prisión efectiva, aunque la calificación podría agravarse. “Sería perpetua si surge ADN y se confirma que hubo empalamiento, porque estaríamos hablando de alevosía”, explicó Pineda.

En esta nueva etapa del proceso y de cara al 2026, resta el control de acusación y todo apuntaría a que el caso se encamina a un juicio por jurados. “Estoy conforme con la investigación, en mi caso estuve en permanente contacto con la fiscalía y la policía, el trabajo que hicieron fue muy importante”, concluyó.