“No estamos en contra de Uber”: taxistas de Roca sostienen su reclamo por el control del transporte ilegal

Titulares y choferes de la empresa TaxiCar de General Roca se manifestaron ayer frente a la Municipalidad para reclamar mayor control sobre los vehículos que realizan transporte de pasajeros sin habilitación. Durante la protesta, los trabajadores entregaron una nota a las autoridades y realizaron bocinazos para visibilizar su reclamo.

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En diálogo con Agencia de Noticias Roca (ANR), Javier, taxista de la empresa, explicó que el objetivo no es oponerse a Uber , sino regular la actividad de los vehículos particulares que operan fuera de la legalidad.

“No estamos en contra de la aplicación. Para nosotros es una herramienta más de trabajo y muchos taxis la utilizan. Lo que pedimos es que el municipio cumpla con la ordenanza 5029 y controle el transporte ilegal, porque hay vehículos particulares que hacen viajes sin estar habilitados y eso nos perjudica y representa un riesgo para los pasajeros”, expresó.

Por su parte, Alicia, también taxista, comentó que durante la jornada de protesta fueron recibidos por concejales, pero advirtió que aún no se ven reflejadas medidas concretas. “Nos dijeron que están trabajando en el tema desde el primer día, pero no vemos controles efectivos. Por eso pedimos una respuesta en 72 horas. La próxima semana definiremos los pasos a seguir”, señaló.

Los trabajadores adelantaron que mañana presentarán una nueva nota a través del delegado gremial de los choferes, con el mismo objetivo de exigir acciones concretas. “Esto nos está afectando directamente. Hay una caída importante en la recaudación diaria y muchas familias viven del taxi. La situación se vuelve insostenible”, concluyó Alicia.

En la carta dirigida a la intendenta, los taxistas solicitaron la implementación de un “plan de acción efectivo de control” sobre los autos que trabajan sin estar habilitados, según lo dispuesto por la ordenanza 5029, sancionada en diciembre de 2023. Además, pidieron la exención del impuesto de habilitación y desinfección, al señalar que existen vehículos informales que no cumplen con las mismas obligaciones fiscales.

“La falta de fiscalización pone en riesgo todo el sistema público de pasajeros y deja al margen a la autoridad que debería regularla”, expresaron en el documento. También denunciaron competencia desleal y una merma significativa en sus ingresos, exigiendo una respuesta del municipio en un plazo máximo de 72 horas.