Obra de calle Güemes: la Justicia unificó cinco demandas y pidió informes al Municipio

El reclamo por el sistema de cobro de la obra de pavimentación de calle Güemes que llegó a la justicia, avanzó a una nueva etapa. El juez del fuero Contencioso Administrativo, Matías Lafuente, resolvió unificar cinco expedientes iniciados por vecinos contra el Municipio y abrió la causa a prueba por un plazo de 120 días.

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Además, le exigió a la comuna que presente documentación sobre cómo se calculó el tributo aplicado a los propietarios que no tienen sus viviendas sobre las calles intervenidas, pero que fueron incluidos como beneficiarios indirectos de las obras.

La resolución se tomó durante una audiencia realizada el 8 de octubre, en la que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio. De esta manera, los planteos de los vecinos continuarán su recorrido judicial mientras se reúnen los elementos necesarios para analizar los cuestionamientos al esquema de financiamiento.

Según la información a la que accedió ANR, el magistrado intimó al Municipio a entregar, en un plazo de 15 días, la documentación que permita conocer los criterios utilizados para determinar el monto del tributo exigido a los propietarios considerados beneficiarios indirectos.

El requerimiento apunta a uno de los aspectos centrales de los reclamos: la forma en que se estableció el cobro para quienes no son frentistas de las calles donde se ejecutan los trabajos, pero quedaron alcanzados por el sistema de contribución previsto para financiar las obras.

La discusión se centra en la constitucionalidad del cobro

Las demandas cuestionan la constitucionalidad del tributo por pavimentación establecido mediante las ordenanzas 5070 y 5071, en el marco del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial impulsado por el Municipio. Dentro de ese programa se encuentra la intervención sobre calle Güemes, cuyo mecanismo de financiamiento generó reclamos de vecinos y frentistas.

En los planteos judiciales, los demandantes cuestionan el esquema de cobro y sostienen que corresponde analizar si la normativa y su aplicación vulneran derechos constitucionales. La audiencia del 8 de octubre no resolvió esa discusión: el proceso continúa abierto y ahora deberá avanzar con la producción de pruebas.

La unificación de cinco expedientes permitirá que esos reclamos tramiten de manera conjunta. La apertura a prueba, en tanto, habilita una etapa en la que las partes podrán incorporar elementos para respaldar sus posiciones antes de que se tome una decisión sobre el fondo de la controversia.