Un juez de Roca integrará la Corte Suprema para resolver la causa "Ruta del dinero K"

El juez Mariano Roberto Lozano, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, fue sorteado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y deberá intervenir en la revisión de uno de los expedientes más resonantes del país: la causa conocida como "La ruta del dinero K" o "La Rosadita", durante los gobiernos nacionales del Kirchnerismo y que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como imputada.

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Lozano fue notificado junto a Ramón González, juez de la Cámara Federal de Corrientes. Ambos tendrán a su cargo la tarea de definir el destino de las apelaciones presentadas por los condenados en el juicio por lavado de activos, que reveló el circuito de expatriación y reingreso de al menos 54 millones de dólares vinculados al empresario Lázaro Báez.

Este mecanismo se activó porque la CSJN, que está integrada por cinco miembros, actualmente funciona con solo tres: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti (vocal), tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco y la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Al no alcanzar la mayoría necesaria para resolver el caso (mínimo tres votos), el tribunal resolvió completar la integración con conjueces.

El expediente en cuestión fue iniciado luego de las declaraciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, y se hizo público con la difusión de un video en el que se ve a varios hombres contando fajos de dólares en una financiera. La investigación determinó que el dinero era enviado al exterior y luego reingresaba mediante la compra de títulos públicos.

Las condenas que ahora están en revisión incluyen:

Lázaro Báez: 10 años de prisión

Martín Báez: 6 años y 6 meses

Jorge Fariña: 3 años y 6 meses

Daniel Pérez Gadín: 6 años

Jorge Chueco: 6 años

Fabián Rossi: 4 años y 6 meses

Julio Mendoza, César Fernández, Eduardo Castro, Juan De Rasis: 4 años y 6 meses

Leandro Báez: 3 años en suspenso

Otros condenados: penas de entre 2 años y medio y 3 años condicionales

Ahora, Lozano y González deberán analizar si acompañan la postura de Rosatti y Lorenzetti, que impulsan rechazar el recurso de queja de Báez, o si se alinean con Rosenkrantz, quien propuso pedir opinión al Procurador General antes de resolver.