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28/04/2025

Provincia destacó la prisión preventiva para los condenados por la estafa al Ipross

Paralelamente, la Fiscalía de Estado impulsa una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Viedma.
Desde la entidad manifestaron una gran satisfacción ante la resolución. (Foto gentileza)
Desde la entidad manifestaron una gran satisfacción ante la resolución. (Foto gentileza)

El Gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, destacó la decisión del Tribunal de Juicio, que este lunes ordenó la prisión preventiva de los farmacéuticos condenados por la millonaria estafa contra la obra social provincial IPROSS. Además, se avanzan con acciones legales para recuperar los fondos defraudados.

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La medida alcanza a Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, quienes deberán cumplir detención inmediata. En el caso de Sandra Fasano, se dispuso arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, acreditado en el expediente.

Desde la Fiscalía de Estado se manifestó gran satisfacción ante esta resolución

Desde la Fiscalía de Estado se manifestó gran satisfacción ante esta resolución, entendida como una garantía indispensable para evitar riesgos de fuga y resguardar el resultado de un proceso judicial que demandó enormes recursos humanos y materiales, en busca de verdad y justicia.

La investigación comenzó en mayo de 2019, tras una denuncia que involucró a farmacéuticos del Colegio de Farmacéuticos del Alto Valle y a una auditora de la institución. Los acusados llevaron a cabo maniobras informáticas y contables que defraudaron al IPROSS por un monto estimado de $70 millones, según valores históricos.

Luego de casi cuatro años de indagaciones y un juicio oral de un año con más de 100 audiencias, los imputados fueron condenados a penas de entre seis y nueve años de prisión efectiva. El daño económico fue un agravante clave al evaluar el riesgo de fuga.

La prisión preventiva fue solicitada tras la negativa del Superior Tribunal de Justicia a los recursos presentados por los condenados, dejando como única instancia posible una eventual revisión ante la Corte Suprema de la Nación.

Paralelamente, la Fiscalía de Estado impulsa una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Viedma, destinada a lograr la recuperación del dinero defraudado, actualmente en etapa probatoria y con medidas de inhibición sobre los bienes de los condenados.

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