De la mano de Stutzenegger, el Gobierno se prepara para la eliminación de 60 organismos

En un nuevo y polémico movimiento hacia la transformación del estado argentino, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, se prepara para implementar una reforma que eliminará 60 organismos gubernamentales.

Este ambicioso proyecto, que ha estado en planificación desde marzo, finalmente ha encontrado el apoyo necesario con la obtención de las facultades administrativas otorgadas por el Congreso al presidente Javier Milei a finales de junio. A través de estas nuevas facultades, el ejecutivo ahora cuenta con el respaldo legal para desmantelar diversas áreas del estado bajo el argumento de racionalización de los recursos.

El nuevo ministro ha sido muy claro en su intención de reducir la presencia del estado. En declaraciones recientes, el ministro expresó: "Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulan áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones". Este planteamiento ha suscitado diversas reacciones, tanto a favor como en contra, reflejando la polarización que genera una reforma de tal magnitud.

La reforma planeada apunta a la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (Injuve) entre otros.

Asimismo, se contempla la transferencia de algunos organismos a las provincias que lo soliciten, una medida que según el gobierno, contribuirá a la descentralización administrativa y a la eficiencia en la gestión de estos entes. Las facultades extraordinarias adquiridas permiten al presidente Javier Milei no solo eliminar competencias y funciones de estos organismos, sino también reorganizar las estructuras jurídicas y redefinir las responsabilidades inherentes a cada uno.

En relación con los trabajadores del sector público afectados por estas medidas, la Ley Bases en su artículo 52 establece el marco normativo para aquellos empleados cuyas áreas sean modificadas o desmanteladas. Bajo esta legislación, se garantiza que los empleados públicos permanezcan con goce de sueldo por un año mientras se ejecuta la reubicación en nuevas tareas o se introducen en servicios tercerizados del estado.

También se considera la posibilidad de reubicar a estos trabajadores en administraciones provinciales o municipales, previendo además una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, considerando la mayor remuneración percibida en el último año.

Sin embargo, las provisiones contenidas en el decreto permiten al ejecutivo exonerar el pago de indemnizaciones si se detectan irregularidades en la conducta de los empleados, tales como inasistencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimiento de horario.