El diputado nacional del PRO, Aníbal Tortoriello, quedó imputado por la Justicia por malversación de fondos y peculado. Durante la campaña, protagonizó un incidente de tránsito donde atropelló y mató a una persona.

En las últimas horas, se confirmaron los cargos contra el excandidato a gobernador de Río Negro en los últimos comicios provinciales. Tortoriello, perdió por casi 20 puntos contra Alberto Weretilneck en las elecciones del 16 de abril y es investigado por su desempeño como jefe municipal, en el marco de la causa Techo Digno. En ella se investiga la construcción de viviendas sociales en la provincia.

Además de Tortoriello, la jueza de Garantías Laura González Vitale imputó al exintendente de Cipolletti Abel Baratti, la excontadora Lucila Chiocconi y los constructores Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y Daniel Zoppi. De esta manera, la magistrada no hizo lugar al pedido de nulidad que solicitó la defensa del diputado nacional y avaló el planteo del fiscal Santiago Márquez Gauna.

“Este tema de Techo Digno lo heredé en mi gestión municipal (2016) después de ganar la elección al intendente del Frente para la Victoria, que en 2015 inició estas viviendas. Las obras llevaban un grado de avance del 24% y nosotros continuamos con las mismas durante los primeros meses de 2016 normalmente”, explicó Tortoriello a TN.

También agregó: “Lo llamativo fue que de Nación giraban fondos por adelantado, independientemente del avance de obra. En una reunión en CABA me entero de que el intendente anterior había presentado un certificado de final de obra en el mes de noviembre de 2015, motivo por el que Nación giraba los pagos para completar los montos de la obra”.

En la misma línea, afirmó: “En esa visita a Nación, y reunidos varios intendentes de la provincia con el ministro Rogelio Frigerio, me entero de que en varios municipios las obras ni siquiera habían arrancado, y se les había girado los recursos y otros tenían apenas comenzadas las obras. En todos los casos, con el envío de dinero mucho mayor al avance de la construcción”.

Remarcó: “Yo fui el que propuse en la mesa hacer un corte hasta ese momento de las obras, auditando el grado de avance, para que se envíe a la justicia todo lo irregular que se encontrara, y así poder retomar las obras y terminarlas, para poder entregar a las familias que estaban esperando”.

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Según cuenta Tortoriello, a partir de ese momento se pasó la continuidad de las obras al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda. En 2017 comenzó a actuar la justicia federal y, un par de años después, la causa pasó a la justicia provincial.

“En Cipolletti, salvo la irregularidad del certificado final de obra ‘anticipado’, el dinero recibido de Nación se aplicó en su totalidad en las obras, tanto en la gestión del peronismo como en el corto periodo de mi gestión (hasta abril de 2016). Cuando pasa al IPPV se transfieren a Nación los fondos sobrantes”, aseguró el referente del PRO.