El referente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, reclamó la implementación de un “Plan Integral de Acceso a la Vivienda” para que se pueda evitar la especulación y vincular los precios de los distintos insumos a los aumentos salariales. “En promedio en la región, un trabajador debe disponer el 60 % de su salario para el pago del alquiler. Con el otro 40 % tenés que vivir”, apuntó.

“Con esta situación no hay forma de acceder al crédito ni se puede tener capacidad de ahorro. Esto afecta a nueve millones de personas que estamos afuera del sistema”, comentó. Y con respecto a la polémica sobre la actual ley de Alquileres, expresó que “se trata de un tema zanjado; esta normativa le da estabilidad y beneficia al locatario. Las inmobiliarias impulsan un cambio no para mejorarla sino para volver a la anterior”.

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Díaz explicó que “en la duración de un contrato de tres años, el inquilino está pagando seis meses de alquiler menos”. Diferencia que se explica en que la actual normativa permite sólo una actualización anual, mediante un índice que combina el incremento del costo de vida con el aumento promedio de los salarios; y en la anterior se daban dos aumentos anuales de acuerdo a la inflación.

Esta realidad hace que algunos propietarios busquen “sacarse a su inquilino por cualquier medio”, incluyendo la violencia. El hecho ocurrido en Neuquén, donde una familia denunció haber sido expulsada de la vivienda a punta de pistola, se reitera en otros lugares del país. “Allí hay un doble delito: uno, el de amenazas; el otro, el de romper el contrato de alquiler sin una razón válida”, puntualizó Díaz.

El representante de la UIRN explicó que un contrato sólo puede ser repudiado por el locador en caso de falta de pagos; mientras que el locatario puede hacerlo con una anticipación de seis meses.

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Para Roberto Díaz, las políticas públicas que intervienen sobre el mercado inmobiliario deben ser completadas por un control de precios que evite los abusos. En ese sentido, recordó que durante los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner se construyeron “más de un millón 400.000 viviendas; algo que no se había hecho nunca ni se hizo después. Pero también es cierto que mucha gente se quedó afuera”.

A su entender, cuando “existen políticas de acceso al suelo y de créditos para la construcción o la compra de materiales, hay una mayor demanda y un aumento inmediato de precios. Por eso el Estado tiene que regular, controlar, para así poder conformar una verdadera política de Estado”, remarcó.