13/07/2022

Déficit habitacional: una familia usurpó una vivienda en Roca

Déficit habitacional: una familia usurpó una vivienda en Roca

Una casa ubicada en calle Villegas y Damas Patricias fue usurpada por una familia durante la tarde de ayer. Al lugar arribaron policías, pero hasta el momento no hubo avances con el desalojo. La situación refleja un problema de larga data en la ciudad: el creciente déficit habitacional que padecen miles de familias.

La falta de viviendas y el difícil acceso a las mismas, el elevado costo de construcción y la escasez de loteos sociales en nuestra ciudad, son algunos de los problemas con los que las personas deben lidiar a la hora de buscar un techo donde vivir.

Casualmente, en estos días los legisladores nacionales de Rio Negro, Agustín Domingo y Luis Di Giacomo presentaron un proyecto de ley contra las usurpaciones.

¿Qué dice el proyecto?

El presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo.

En ese sentido, remarcó: “Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras”.

Y sumó: “En el art. 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión”.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.

A su vez, Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.

 

 

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