“La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en mano de los militares”. La frase es de George Clemencau, primer ministro de Francia durante la Primera Guerra Mundial y uno de los políticos más importantes de su tiempo. En esas pocas palabras, resaltaba que lo estrictamente castrense era solo una parte del esfuerzo bélico que demanda un conflicto de esa naturaleza.

Al parecer, estas enseñanzas no estuvieron incluidas en los manuales que leyeron los militares argentinos que desencadenaron la guerra de Malvinas en 1982. La operación se configuró más como un “juego de guerra”, como unas “maniobras militares”, antes que como un hecho de la realidad. La guerra se decidió en el ámbito de la Junta Militar, se planificó en el Estado Mayor de la Armada y se definió nuevamente en el marco del Estado Mayor Conjunto.

Y la planificación de una guerra, como diría Clemencau, debe incluir las relaciones internacionales, la situación económica y la política interna. Si el ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Nicanor Costa Méndez, tenía en claro el tema, es algo difícil de precisar. Lo que sí quedó claro es que durante esos meses no se realizó ninguna estrategia diplomática tendiente a mejorar la posición argentina en las Naciones Unidas.

En cambio, sí quedó claro cómo se enteró el ministro de Economía de Galtieri, Roberto Alemann: durante una reunión de gabinete convocada de urgencia horas antes del desembarco. Apenas un desliz del enlace militar de la Fuerza Aérea había permitido tomar algunas previsiones elementales: transferir los fondos depositados en  la banca de Londres hacia la banca suiza.

La diplomacia inglesa se movió con una celeridad apabullante. Por su experiencia bélica de todos los tiempos, un riguroso mapeo de la realidad, o por un conocimiento anticipado de lo que se vendría, la cuestión es que en tiempo récord logró una condena al desembarco argentino en las islas. Todavía se luchaba en Puerto Argentino cuando el embajador británico pedía una reunión “urgente” del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y al día siguiente el organismo aprobaba la Resolución 502, que estableció para Argentina la categoría de país agresor, pedía la inmediata retirada de las fuerzas nacionales de las islas y exhortaba a la búsqueda de una solución diplomática.

Esta definición, que sería clave para el desarrollo posterior del conflicto, fue aprobada por 10 países: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, República Democrática del Congo, Guyana, Irlanda, Jordania, Japón, Togo y Uganda. Panamá fue el solitario integrante del Consejo que votó apoyando la posición argentina.

En tanto, China, Unión Soviética, Polonia y España se abstuvieron. Los tres primeros integraban el bloque de países “comunistas” que entendían que se trataba de un asunto de las potencias occidentales. En definitiva, la dictadura cívico militar había mantenido una feroz política pro occidental y en lo interno, una represión tremenda. España se sumió en el silencio: por un lado tenía viejas cuentas pendientes con los ingleses, similares al reclamo por Malvinas (Gibraltar); por otro, no quería arriesgar su pertenencia al bloque occidental en plena transición política.

En definitiva, los ingleses lograron sacar de la discusión internacional la situación colonial de las Islas Malvinas; y pusieron en la agenda el “problema” de la “agresión armada” argentina.

¡Es la economía, estúpido!

Roberto Alemann y su equipo era un grupo de economistas liberales firmemente convencidos de la necesidad de retirar al Estado del manejo económico, de frenar la inflación y el déficit y de la necesidad de renegociar la deuda externa. En marzo de 1982, el país se encontraba al borde del default y precisamente el ministro regresaba de una gira por los centros financieros intentando una renegociación.

La gran paradoja: los militares argentinos habían tomado la decisión de ir a la guerra y pusieron a un ministro de Economía que reducía el presupuesto militar en un 10 %.

En el plano económico, Londres dispuso toda la batería de sanciones que tenía a su alcance: congeló los activos públicos y privados de Argentina en las islas; estableció un bloqueo a las importaciones y a las exportaciones hacia nuestro país, provocando serios problemas de liquidez; y consiguió que Europa se plegara a esa iniciativa.  En Buenos Aires, apenas se adoptaron medidas coyunturales: control de cambios, suba de los encajes para evitar más corridas bancarias, creación de un fondo para la compra de material de guerra, un cepo a la venta de moneda extranjera, y la moratoria unilateral con los bancos ingleses. Un menú más bien flaco para enfrentar una situación crítica.

Una de las consecuencias de aquel conflicto es el todavía vigente veto inglés a la venta de material bélico o “estratégico” hacia Argentina, si es que contiene algún componente con licencia británica. La situación hace que todavía no se pueda cerrar la compra de aviones de combate de última generación, que se viene negociando hace varios años.