Báez a juicio por incidentes en el municipio: Aseguran que encerró a un policía en el baño y lo amenazó

Esta mañana el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual presentaron la prueba con la que cuentan para avanzar con la acusación por los hechos ocurridos en el Municipio de esta ciudad en octubre pasado. Esa mañana, manifestantes ingresaron de modo violento al municipio, provocando daños que además quedaron registrados en las cámaras de seguridad. 

En la audiencia de control de acusación realizada esta mañana, la acusación fiscal explicó que el hecho que se le imputa al hombre fue el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el sujeto junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad”.

“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.

“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, dijo la fiscalía.

La fiscalía aclaró que “todo lo descrito, además de los relatos de los involucrados, se encuentra registrado en una videofilmación de las cámaras de seguridad de la Municipalidad.

La calificación legal por la que se avanzará hacia juicio es la de los delitos de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real" (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).

La defensora particular solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba para su asistido, ofreciendo la suma de 10 mil pesos como reparación económica. Sin embargo la fiscalía se opuso, y la resolución de la jueza de Garantías interviniente María Gadano fue en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal.

Luego de ello, el fiscal Romero enunció la prueba entre ellos, filmaciones del día de los hechos de las cámaras de seguridad, enumeró a los testigos y a algunos empleados policiales que estaban en el Municipio durante la acción llevada a cabo.

De acuerdo a la pretensión punitiva propuesta por la fiscalía, la magistrada dispuso la intervención en el juicio de un Juez unipersonal del Foro de Jueces de esta circunscripción.