Presunta falsa médica: la fiscalía afirmó que los títulos “son todos falsos” y que Marzano no registra ingresos a Venezuela
La Fiscalía endureció este jueves la acusación contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer denunciada por el presunto ejercicio ilegal de la medicina, al sostener en audiencia que los documentos utilizados para acreditar su formación académica “son todos falsos”. Además, afirmó que no existen registros de ingresos de Marzano a Venezuela, país donde aseguraba haberse graduado.
Durante la audiencia, la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la adjunta Celeste Benatti solicitaron formalmente que el expediente pase al fuero Federal, al considerar que la investigación ya no alcanza solamente un presunto título falso, sino también documentación y resoluciones vinculadas a organismos nacionales, toda la cual habría sido adulterada por Marzano.
De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, en la causa se investiga la presunta falsificación del supuesto título expedido por la Universidad de Los Andes, en Venezuela; de una resolución del ministerio de Educación de Nación vinculada a la convalidación del título; y de una presunta resolución de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). “Estos tres documentos son todos falsos”, sostuvo Giuffrida durante la audiencia de este jueves en tribunales.
En ese mismo planteo, la fiscal explicó que el 7 de mayo el secretario académico de la Universidad de Los Andes informó formalmente que “Marzano no cursó en esa universidad” y que no existe soporte académico del título presentado en Argentina. Giuffrida también señaló que funcionarios universitarios revisaron el diploma incorporado al expediente y sostuvieron que el formato del documento no coincide con el utilizado por esa casa de estudios y que el secretario que figura en ese título “era otro”.
En paralelo, la fiscal Benatti agregó que la Fiscalía incorporó informes de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. De acuerdo a esa documentación, Marzano registra movimientos migratorios hacia España, República Dominicana y Brasil, pero no aparecen ingresos a Venezuela.
La Fiscalía vinculó ese dato con la información aportada por la universidad venezolana, desde donde indicaron que los últimos años de la carrera de medicina y las residencias hospitalarias deben realizarse de manera presencial en ese país.
Además, desde la Universidad Nacional del Comahue habrían informado que Marzano “no reviste condición de graduada”, que posee una “trayectoria académica incompleta” y que la supuesta convalidación presentada sería inexistente. La Fiscalía también sostuvo que habría sido falsificada la firma de autoridades universitarias.
En el mismo planteo, la Fiscalía afirmó que la mujer habría ejercido en distintos centros de salud sin contar con un título habilitante válido y mencionó un posible perjuicio económico contra el ministerio de Salud provincial por el cobro de salarios. También se indicó que trabajó en Clínica Roca entre octubre de 2020 y febrero de 2026, además de desempeñarse en otros servicios de salud públicos y privados.
Por su parte, la defensa encabezada por Oscar Pineda cuestionó que todavía no exista formulación de cargos y sostuvo que no se precisaron “circunstancias de tiempo, modo y lugar” sobre los hechos investigados. En ese contexto, volvió a reclamar que la Fiscalía formule cargos y reiteró el pedido para que se levanten la tobillera electrónica y la inhibición de bienes.
La jueza no resolvió este jueves el planteo de incompetencia ni los pedidos de la defensa. La resolución será comunicada el próximo 26 de mayo a las 20:30.
Cómo empezó la causa contra Marzano
La investigación se inició a partir de una denuncia del ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la documentación con la que la mujer habría obtenido la matrícula profesional. Según la Fiscalía, con ese aval se desempeñó durante años en el sistema público y en clínicas privadas del Alto Valle.
En el contexto de la causa, se realizaron allanamientos en instituciones de salud y se dispuso el resguardo de historias clínicas de pacientes atendidos por Marzano. Además, la investigación sumó legajos por homicidio culposo vinculados a muertes de pacientes y una discusión judicial sobre si parte del expediente debe pasar al fuero Federal.