Megacausa de las entraderas: quedó firme la pena para el primer condenado y deberá cumplir 13 años de prisión

La Justicia unificó en 13 años de prisión la condena de Federico Agustín Gómez, el primer condenado en la megacausa que investiga las violentas entraderas cometidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en Roca, Allen y Cipolletti. La pena surge de sumar los 11 años impuestos en el juicio abreviado con una condena anterior de dos años de prisión condicional, que fue revocada porque volvió a delinquir.

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La pena quedó definida luego de sumar los 11 años de prisión impuestos en el juicio abreviado con una condena anterior de dos años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que volvió a delinquir. De esa manera, el Tribunal fijó una pena única de 13 años de prisión, declaró su reincidencia y dispuso que afronte las costas del proceso.

Hasta ahora, la identidad de Gómez no había sido difundida porque el Tribunal había ordenado preservar los nombres y las imágenes de los imputados mientras permanecían pendientes ruedas de reconocimiento. Tras la audiencia en la que se unificó la pena, el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente la identidad del condenado.

La resolución fue dictada este martes durante una audiencia realizada por Zoom, en la que el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, hizo lugar al pedido formulado por el equipo fiscal encabezado por Belén Calarco e integrado por las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.

Además de la unificación de la pena, el Tribunal tuvo en cuenta que Gómez renunció a los plazos para apelar previstos en el acuerdo de juicio abreviado, por lo que comenzará a cumplir la condena en los próximos días.

Durante la audiencia, el magistrado repasó cada uno de los hechos por los que fue condenado y mencionó a las víctimas de los distintos legajos comprendidos en el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

En el juicio abreviado, Gómez admitió integrar la asociación ilícita y reconoció su participación en ocho hechos delictivos. Según la hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal, la organización realizaba tareas de vigilancia sobre las viviendas elegidas, llegaba a los domicilios en vehículos robados, ingresaba tras escalar paredones y techos, reducía a las víctimas utilizando armas de fuego y las ataba con alambres o precintos antes de exigir dinero, dólares y otros objetos de valor. También se llevaba los DVR donde quedaban registradas las imágenes de las cámaras de seguridad para dificultar la investigación.

La investigación que dio origen a la megacausa fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal.

El expediente continúa respecto del resto de los acusados. Según informó la Fiscalía, once personas permanecen imputadas y continúan sometidas al proceso penal mientras avanzan las investigaciones y las distintas medidas de prueba pendientes.