Río Negro reescribe sus reglas: cómo será la nueva justicia penal para adolescentes

Semanas atrás, el caso de un adolescente de 16 años demorado con prisión domiciliaria tras intentar robar una moto a punta de cuchillo en Roca puso en foco un tema que viene debatièndose, respecto a las nuesvas implicancias jurídicas para menores que cometan delitos.

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Tal como analizaba en este medio el abogado penalista Pedro Urra, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil pone sobre la mesa una discusión urgente: ¿qué herramientas reales tiene el Estado para contener a un menor infractor más allá del mero encierro?

Frente a un escenario nacional que modificó las reglas del juego, Río Negro busca dar una respuesta institucional y avanza en la redacción de su propio Código Procesal Penal para Adolescentes. Así lo confirmó Rubén Marín, subsecretario de Legal y Técnica y titular de la Dirección Penal Juvenil dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

En diálogo exclusivo con ANRoca, el funcionario detalló cómo se prepara la provincia, cuántos menores están hoy bajo la lupa de la Justicia y por qué el sistema actual atraviesa un momento de transición que roza lo caótico.

De "juvenil" a "adolescente": el cambio de paradigma

Uno de los ejes centrales del proyecto que redacta la provincia es el cambio de enfoque y de terminología. Marín explicó que el nuevo código incorpora la justicia restaurativa y exige que jueces, fiscales, defensores y organismos tengan una especialidad específica en la materia.

Además, la normativa adopta el concepto de "adolescente" —que abarca hasta los 18 años— en lugar de "juvenil", término que puede extenderse hasta los 24 o 25 años, fundamentándose en estudios biopsicosociales sobre el desarrollo cognitivo a esa edad. "Hay muchos factores que llevaron a un adolescente a cometer esos hechos, con un desarrollo de la psiquis distinto al de una persona de 20 o 21 años", destacó el funcionario en relación a la importancia de juzgar a un menor con una perspectiva totalmente diferenciada a la de un adulto.

Baja en la edad de intervención y radiografía actual

El cambio en la ley nacional ya modificó la dinámica diaria de los equipos técnicos en las calles rionegrinas. Marín confirmó que la intervención de la Senaf actualmente abarca a partir de los 14 años. Ante la aprehensión de un menor, el organismo interviene de inmediato y lo acompaña a la espera de las directivas fiscales, ya sea para restituirlo a sus progenitores o para ingresarlo a programas de seguimiento si se le formulan cargos.

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Los números actuales reflejan la magnitud del trabajo territorial. Hoy existen 34 adolescentes con formulación de cargos bajo el régimen penal juvenil en la provincia. De ese total, hay un adolescente que se encuentra bajo un dispositivo socioeducativo con restricción de libertad, cinco jóvenes que están bajo seguimiento mediante tobilleras electrónicas (sin restricción de privacidad, pero con monitoreo) y el resto se encuentra contenido bajo el programa de Libertad Asistida.

El laberinto de la transición: menores juzgados como adultos

Uno de los mayores dolores de cabeza para la Justicia es la convivencia del viejo sistema tutelar (Ley 2278) con la nueva normativa. El titular de la Dirección Penal Juvenil alertó sobre las dificultades derivadas de esta transición, la cual genera procesos sumamente prolongados.

Para graficar el problema, Marín citó casos reales: existen expedientes de personas que hoy tienen 19 o 20 años y cometieron un nuevo delito, pero que todavía siguen bajo investigación por un hecho que cometieron cuando tenían 16. Esto provoca que enfrenten causas simultáneas bajo ambas perspectivas legales, llegando al extremo de tener dos fiscales investigándolos al mismo tiempo (uno en el fuero de menores y otro en el de mayores) y dos defensores distintos.

Lo que viene: trabajo en red y nuevos protocolos

Para ordenar este escenario, desde la Senaf - por mandato de su titular, Silbana Cullumilla- ya desarrollaron un protocolo de actuación articulado con las áreas de salud, seguridad, justicia y policía. Según el funcionario, contar con un código de procedimientos propio le dará un "norte certero" a todos los actores involucrados para saber cómo actuar frente al delito adolescente.

El organismo proteccional continúa operando paralelamente al sistema judicial para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y los vínculos familiares, informando periódicamente a los jueces sobre los avances de cada joven.

El desafío inmediato, concluyó Marín, será proyectar la readecuación de los cinco programas actualmente vigentes y consolidar los equipos interdisciplinarios una vez que el flamante código procesal y el protocolo entren en plena aplicación en Río Negro.