Retención del impuesto a los combustibles: la Justicia admitió un amparo contra el Gobierno

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el gobierno nacional y los legisladores de oposición, la Justicia Federal acaba de admitir un recurso de amparo presentado por representantes del peronismo en Entre Ríos.

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Los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay han alzado la voz respecto a lo que describen como la indebida retención de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles. Estos fondos poseen, según señalan, un fin específico: financiar el mantenimiento de la infraestructura vial del país.

A raíz de esta controversia, el juez federal de Victoria, Federico Martín, ha ordenado al Ministerio de Economía federal y a la Dirección Nacional de Vialidad a que presenten un informe detallado en el breve plazo de tres días. Este informe debe explicar claramente el destino de los recursos pertenecientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Esta orden ha encendido el debate nuevamente sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la adecuada utilización de los mismos para los fines asignados por ley.

Bajo la ley vigente, los fondos obtenidos del impuesto a los combustibles están claramente marcados para ser utilizados en la infraestructura vial. Sin embargo, los legisladores señalan que el desvío de estos recursos para ser invertidos en instrumentos financieros parece contrariar esta disposición. De esta manera, subrayan que este desvío compromete las obras viales necesarias para el desarrollo y seguridad de dicha infraestructura.

En particular, la atención de los legisladores se centra sobre un vasto número de rutas nacionales como las 12, 14, 18, 127, 135 y 174, que atraviesan la provincia de Entre Ríos. Según sus cálculos, el dinero depositado en este sistema supera los $1,5 billones entre enero de 2024 y mayo de 2026, aunque menos de un cuarto habría sido destinado a las obras. Este bajo porcentaje ha llegado a prender alarmas sobre el uso y gestión de los recursos económicos por parte del gobierno.

Este reclamo principia mientras el gobierno del Presidente Milei inicia un plan de concesiones para la privatización de algunos tramos de rutas. Sin embargo, este accionar no atende al reclamo central del amparo respecto al mal uso pasado de los impuestos. Además, consideran que esta medida unilateral no remedia el deterioro de las rutas nacionales no incluídas en la concesión, dejando todavía una pesada carga sobre nuestras rutas por mejorar.