Lo apartaron de la Policía en 2010 y 16 años después consiguió que anularan su retiro

Un comisario inspector de la Policía de Río Negro consiguió que la Justicia anulara las decisiones que lo habían apartado de sus funciones en 2010 y dispuesto posteriormente su retiro obligatorio. La Provincia intentó revertir el fallo, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó su último recurso y dejó vigente la resolución.

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Se trata de Alberto Isidro López, quien se desempeñaba como jefe de la Zona II de la Unidad Regional con asiento en Roca. En enero de 2010, durante la gobernación de Miguel Saiz, la Jefatura de Policía resolvió pasarlo a disponibilidad y meses después se dispuso su retiro obligatorio. El comisario cuestionó ambas decisiones porque consideró que no existían fundamentos suficientes para apartarlo de la fuerza.

La Cámara Primera del Trabajo de Roca le dio parcialmente la razón en marzo de 2026. Los jueces declararon la nulidad de las medidas al considerar que la Provincia no había explicado adecuadamente por qué correspondía retirar al comisario de sus funciones. Aclararon que la conducción policial tiene facultades para organizar la fuerza y disponer cambios en su estructura, pero esas decisiones deben estar debidamente justificadas.

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Uno de los puntos discutidos fue la confianza que la conducción policial deposita en sus funcionarios y la posibilidad de definir qué jefes se ajustan al perfil buscado para determinados cargos. Para el Tribunal, esos criterios no alcanzaban por sí solos para justificar el retiro obligatorio de López, especialmente cuando no se habían explicado las razones concretas de la decisión.

La Provincia apeló y perdió

El Gobierno provincial intentó revertir la sentencia mediante un recurso extraordinario. Como la Cámara lo rechazó, presentó una queja ante el STJ. El 5 de octubre de 2026, el máximo tribunal provincial también rechazó el planteo, al considerar que la Provincia no había logrado rebatir los argumentos utilizados para impedir una nueva revisión del caso.

Sin embargo, el resultado judicial no significa que López deba regresar a la Policía. La Cámara rechazó sus reclamos por indemnizaciones, diferencias salariales y otros conceptos económicos, y consideró que el tiempo transcurrido había dejado sin actualidad su pedido de reincorporación.

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Lo que sí dispuso la Justicia fue que la Jefatura de Policía deberá volver a analizar y resolver la situación administrativa del comisario, conforme a derecho, dentro de un plazo de 60 días desde la notificación de la sentencia. Esa obligación quedó vigente luego del rechazo de la queja provincial, aunque el fallo no informa si la administración ya adoptó una nueva decisión.