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20/10/2026

El Gobierno postergó la implementación del fondo para indemnizaciones

Además, extendió a doce meses el período de carencia para los aportes de los empleadores.

El gobierno nacional ha vuelto a diferir la entrada en vigor del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un elemento crucial de la reforma laboral destinada a financiar las obligaciones que surgen al término de los contratos de trabajo. El comienzo previsto, inicialmente establecido para el 1 de junio, se aplazó primero a noviembre y, mediante el Decreto 1228/2026 publicado en el Boletín Oficial, ahora se ha cambiado al 1 de diciembre.

Este nuevo decreto adopta algunas modificaciones adicionales. Quizás la más significativa es el plazo de carencia que se le ha añadido al mecanismo. Durante este tiempo, que se ha incrementado de seis a doce meses completos, las empresas deben hacer aportes continuos antes de que el fondo esté autorizado a responder a las obligaciones formales. Este cambio se justifica con la necesidad de dar un margen para completar toda la infraestructura técnica, administrativa e informática que permita operar efectivamente el sistema.

Desde su concepción, el FAL fue proyectado con la idea de que los empleadores del sector privado aporten mensualmente una cantidad destinada a cubrir determinadas obligaciones tras la finalización de relaciones laborales. Los aportes varían según el tamaño del empleador: las micro, pequeñas y medianas empresas contribuirán con un 2,5% de la base salarial; para otros empleadores, la contribución estará fijada en un 1%.

La administración de los recursos recaudados permanecerá a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), canalizando dichos fondos a cuentas designadas por los empleadores. Estos fondos deben gestionarse dentro de las orientaciones establecidas por el Ministerio de Economía, sujetos a la regulación constante de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se plantea la posibilidad de utilizar estos recursos mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros. A través de políticas de inversión sujeta a regulaciones específicas, el objetivo último es garantizar un respaldo suficiente para hacer frente a aquellas responsabilidades laborales que dicta el sistema.

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