Certificados médicos falsos: las defensas insisten en que la causa debe pasar al Alto Valle

Las defensas de las personas investigadas en la megacausa por certificados médicos falsos volvieron a pedir que el expediente se tramite en el Alto Valle y no en Viedma. Fue en una nueva audiencia en la que se discute qué foro de jueces debe intervenir en la investigación, que alcanza a más de un centenar de agentes públicos acusados de presentar certificados falsos para justificar inasistencias laborales.

En esta oportunidad, el legajo incluyó a más de diez implicados, a los que se suman la médica que confeccionaba los documentos y su marido, acusados de ser partícipes necesarios. A la audiencia asistieron 13 personas imputadas, entre ellas la médica y su marido, que figuran en todos los legajos.

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Los argumentos de la defensa

Esta vez fue el defensor penal Pedro Vega quien, en coincidencia con el resto de las defensas —entre ellas las de María Paz Álvarez y Graciela Carriqueo—, se opuso a que intervenga el Foro de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial. Cuestionó que no se precise el lugar donde se habría producido cada una de las conductas investigadas y sostuvo que ninguna ocurrió en Viedma ni en las localidades de esa circunscripción.

"El delito de uso de documento falso se consuma cuando el certificado es presentado ante la repartición pública que se integra para justificar una inasistencia laboral. En cuanto a la defraudación al Estado, se configura en el lugar donde efectivamente se produce la disposición patrimonial. Ninguna de estas circunstancias ocurrió aquí, ya que los certificados fueron presentados en las dependencias donde las personas involucradas cumplían funciones", aseveró.

Agregó que los allanamientos, los secuestros y la recolección de evidencia se hicieron en Cipolletti y General Roca, y que tanto las personas imputadas como los posibles testigos pertenecen a esas jurisdicciones.

También rechazó que la sede administrativa provincial alcance para fijar la competencia en Viedma: "Tal criterio implicaría que todas las investigaciones por delitos contra el Estado provincial debieran tramitar en la capital, independientemente del lugar donde se hubieran cometido los hechos", consideró.

Vega sostuvo que las reglas del Código Procesal Penal no le permiten a la acusación elegir el tribunal, sino que buscan limitar el poder punitivo del Estado y garantizar los derechos de defensa de los imputados y de las víctimas. "Mantener la causa en Viedma podría afectar las garantías constitucionales del juez natural, la igualdad y la defensa en juicio", expresó, y ejemplificó que un eventual juicio podría requerir el traslado de unas 120 personas a la capital provincial.

La postura de la Fiscalía

El fiscal Francisco Marano reiteró los argumentos de las audiencias anteriores y pidió que se rechace el planteo de incompetencia territorial. Sostuvo que, aunque los hechos se desarrollaron en distintas localidades de Río Negro, en la capital se encuentra la sede administrativa del Estado, cuyas arcas habrían resultado afectadas.

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Para la Fiscalía, la competencia debe definirse según el lugar donde se habría desplegado el ardid y donde se produjo la disposición patrimonial. También señaló que se investigan múltiples hechos cometidos por personas que viven en distintos lugares o que fueron trasladadas, por lo que su residencia actual no define la competencia. Además, afirmó que las dificultades técnicas planteadas por la defensa ya fueron resueltas y que el acceso a la tecnología no impide que la investigación siga en Viedma. La querella, a cargo de la Fiscalía de Estado, adhirió a esos argumentos.

Cómo sigue

La décima audiencia, con otros 17 imputados, será el miércoles 21 desde las 8, de manera híbrida: algunos participantes estarán en Viedma y el resto en el Alto Valle. En ese caso, el planteo de excepción lo hará el defensor Camilo Curi.

Como ya había anticipado el juez de Garantías Adrián Dvorzak, las excepciones procesales se resolverán una vez que terminen todas las audiencias. Recién cuando esas resoluciones queden firmes y se defina el juez natural de la causa podrán realizarse las formulaciones de cargos.

Los hechos

La investigación se inició por sospechas sobre el uso de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales dentro de la Policía de Río Negro. Lo que comenzó con tres agentes investigados por el fiscal Juan Pedro Peralta derivó en una megacausa que  alcanzaría a más de 120 efectivos.

La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y su adjunto, Luciano Minetti Kern, con la querella a cargo de Federico Rosbaco. Por la cantidad de personas involucradas, el Ministerio Público Fiscal dividió el caso en nueve legajos y conformó un equipo especial con las fiscales Mariana Giammona y Candelaria Molineaux y el fiscal Francisco Marano.

Según planteó la Defensa Pública en una audiencia anterior, los certificados se retiraban de un domicilio de General Roca que fue allanado durante la investigación. En agosto, el juez Dvorzak había calificado la causa como "inédita" por la cantidad de personas involucradas.