Alegatos por presuntas torturas a adolescentes: la Fiscalía pidió condenar a cuatro policías

El juicio analiza la actuación de cuatro empleados policiales acusados por un hecho que tuvo como víctimas a dos adolescentes. Según la acusación fiscal, los jóvenes habrían sido sometidos a violencia física y amenazas durante un procedimiento, en el que además uno de ellos sufrió una lesión provocada por un perdigón de escopeta y ambos presentaron cortes en el cuerpo. El supuesto accionar violento de los policiales con los entonces menores habría culminado con torturas en la zona de La Defensa, a donde los jovenes habrían sido trasladados dentro del movil policial.

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La Fiscalía solicitó que cuatro empleados policiales sean declarados penalmente responsables por los delitos de torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma, en un caso que tiene como víctimas a dos adolescentes.

Durante los alegatos, el fiscal del caso, Britos Rubiolo sostuvo la acusación contra los cuatro efectivos y planteó que uno de ellos sea considerado autor mientras que las dos mujeres y el otro hombre sean declarados partícipes necesarios. En tanto, las defensas penales y las dos partes particulares solicitaron la absolución de los cuatro policías.

Al iniciar su argumentación, el fiscal Britos Rubiolo sostuvo que durante el proceso se habría mantenido una estrategia destinada a generar confusión respecto de quién tuvo intervención directa en los hechos. “Se ha mantenido un pacto para crear confusión sobre quién fue el autor”, afirmó el fiscal. En ese sentido, señaló que los efectivos se presentaron en las oficinas del SIARME y solicitaron documentación vinculada con la atención que recibieron los adolescentes después del episodio.

También mencionó una presunta modificación de las versiones sobre lo ocurrido antes de la formulación de cargos y una reunión que, según planteó, habría sido realizada de manera secreta. “Los cuatro empleados policiales realizaron todas estas acciones siendo ellos el propio aparato policial, estatal que debía protegerlos y no amenazarlos ni torturarlos”, sostuvo Britos.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió además que la valoración de la prueba se realice desde una perspectiva vinculada con los derechos de niños, niñas y adolescentes. En relación con las declaraciones realizadas en Cámara Gesell, sostuvo que resultaron concordantes con otros elementos incorporados durante el debate, entre ellos los testimonios de personas que tuvieron contacto directo e indirecto con lo ocurrido y de empleadas del SIARME.

Según explicó Britos, durante el juicio surgieron distintas versiones entre integrantes del personal policial respecto de las circunstancias en las que podía utilizarse ese armamento. Algunos testimonios, indicó, señalaron que se empleaba de manera preventiva durante la noche, mientras que otros hicieron referencia a situaciones concretas de tumultos o a determinados efectivos autorizados para utilizarla.

“Todo esto demuestra que no hay coincidencia en la manera de usar el arma de la cual salió el perdigón que impactó en el cuerpo de uno de los adolescentes heridos”, afirmó, explicando que para la Fiscalía, las contradicciones también alcanzaron la confección de los partes diarios relacionados con el uso de determinadas armas. 

Otro de los elementos mencionados durante el alegato fue el perdigón extraído del cuerpo de uno de los adolescentes. Según explicó el fiscal, fue la familia del joven quien aportó de manera privada el elemento que había sido extraído de su muslo.

Respecto de la lesión provocada por el perdigón, Britos sostuvo que durante el debate se estableció que correspondía a la escopeta y que el disparo se habría producido mediante un rebote contra el suelo, con una trayectoria de abajo hacia arriba.

Las defensas pidieron la absolución

La defensora penal pública Flavia Rojas cuestionó la reconstrucción realizada por la Fiscalía y sostuvo que lo planteado durante los alegatos no se corresponde con lo que, según su interpretación, ocurrió. En particular, se refirió a la participación atribuida a una de las mujeres policías y afirmó que su asistida sí intervino durante la situación, pero para pedirle a su compañero que detuviera su accionar. “Le pedía enérgicamente a su compañero que cese en su accionar”, sostuvo Rojas sobre el accionar de Marilaf, una de las agentes policiales presentes el dia de la tortura.

La defensora planteó además que la mujer se encontraba en una situación de desigualdad frente al efectivo involucrado, al tratarse de un hombre armado y superior jerárquico. “Este hombre estaba ejerciendo violencia psíquica, física e institucional”, afirmó la defensora, quien pidió que el caso sea analizado con perspectiva de género.

Según Rojas, durante el juicio no se habría probado que su asistida haya querido colaborar con lo ocurrido. Por ese motivo, solicitó su absolución respecto de los hechos y de la calificación legal planteada por la Fiscalía. La defensa particular de la otra empleada policial también solicitó la absolución de su asistida, invocando el beneficio de la duda.

Respecto de los otros dos imputados Espinosa y Escobar, señalados por la acusación como quienes tuvieron una participación central en el hecho, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos cuestionó la extensión temporal planteada durante el juicio y sostuvo que el episodio habría durado, como máximo, unos 30 minutos, desde la salida de la comisaría hasta la llegada al playón.

Además, remarcó que, según su teoría del caso, su asistido no fue quien descendió del patrullero portando la escopeta. Tanto Chirinos como el otro defensor particular solicitaron la absolución de sus respectivos asistidos.

Ahora será el Tribunal Colegiado el que deberá resolver los planteos realizados durante los alegatos y determinar la situación procesal de los cuatro empleados policiales. La decisión se conocerá el jueves 24 de septiembre a las 11, en los Tribunales de Roca.