Piden más fondos para los barrios populares: qué dicen los datos sobre la situación en Roca

El proyecto del Presupuesto 2027 que el Gobierno Nacional presentó en el Congreso  marcó una fuerte preocupación por el financiamiento a los barrios populares. La Mesa Nacional de Barrios Populares, entre ellas Techo, Cáritas y UTEP, se pronunció al respecto y aseguró que no se asignó presupuesto para continuar con las obras de integración urbana que quedaron paralizadas desde que Javier Milei asumió a la presidencia. Esto impacta de lleno en miles de barrios que aún no cuentan con servicios básicos, en Roca, hay más seis mil familias que viven en situación precaria. 

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Ante este panorama, desde la Mesa Nacional junto a diputados nacionales de diferentes bloques presentaron un proyecto de ley que apunta a garantizar recursos para obras. Se propone declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en estos sectores y establecer un esquema de financiamiento progresivo entre 2027 y 2036.

La propuesta consiste en generar un piso presupuestario anual vinculado al PBI, con un esquema progresivo durante una década. Para el período 2027-2029 propone una asignación mínima equivalente al 0,0375% del PBI, con incrementos posteriores hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. 

También establece que los recursos destinados a esta política no puedan ser inferiores a los del año anterior, incluso ante una eventual prórroga del Presupuesto Nacional. El objetivo planteado por sus impulsores es evitar que la continuidad de las obras dependa de las partidas que cada administración decida asignar año tras año.

Que ocurre en Roca

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) la ciudad cuenta con 21 barrios populares que fueron relevados, en los cuales se identificaron 5.523 viviendas y  6.078 familias.  Entre los sectores que aparecen se encuentran la toma de Aeroclub, Alta Barda, Colonia 17 de Octubre, Quinta 25, el sector Los Hornos de Barrio Nuevo, barrio Mar del Plata, Buenos Aires Chico y parte de Paso Córdoba.

Estos datos permiten dimensionar algunas de las dificultades que persisten en los barrios populares de la ciudad. En materia de electricidad, el 66,67% de los barrios registrados cuenta con conexiones irregulares a la red, mientras que el 28,57% tiene conexión formal con medidor domiciliario y el 4,76% dispone de un medidor comunitario.

El acceso al agua potable presenta otra de las principales dificultades: el 71,43% de los barrios populares de Roca no cuenta con conexión a la red de agua potable.

La situación también alcanza a los sistemas de desagüe. El 66,67% cuenta con desagüe mediante cámara séptica y pozo ciego, mientras que el 33,33% restante utiliza únicamente pozo ciego.

En cuanto al gas, el 90,48% de los barrios utiliza garrafas, mientras que apenas el 4,76% registra conexión formal a la red con factura. A esto se suma otro dato: el 76,19% utiliza leña para calefaccionarse.

Las organizaciones que trabajan en estos territorios vienen señalando desde hace tiempo el impacto que tuvo el cambio en las políticas nacionales de integración socio-urbana. 

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) habían advertido que, con el cambio de gestión nacional, se redujo la estructura de la Secretaría de Integración Urbana, hubo despidos y se frenaron proyectos que estaban en marcha. También señalaron que los relevamientos para incorporar nuevos barrios y familias al registro prácticamente se interrumpieron. Esto genera incertidumbre sobre la cantidad de barrios que han surgido en la ciudad que aún no han sido incluidos en el Renabap, lo que genera un mayor aislamiento. 

En cuanto a las obras de integración urbana, uno de los ejemplos mencionados fue Fiske Menuco, donde estaba prevista una intervención de urbanización que incluía cordón cuneta, electricidad, agua, cloacas y espacios verdes. Según habían indicado desde la organización, solamente se ejecutó alrededor del 20% del proyecto, mientras que quedaron pendientes desembolsos vinculados a la obra.

También quedaron paralizadas obras destinadas a realizar conexiones eléctricas intradomiciliarias, una política que buscaba mejorar las instalaciones dentro de las viviendas y reducir los riesgos asociados a conexiones precarias. Los programas que se encargaban de garantizar estos trabajo provenían de un fideicomiso creado en 2018, alimentado posteriormente por recursos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas y un porcentaje del Impuesto PAIS.

El reclamo a nivel nacional aparece después de un fuerte retroceso en la ejecución del financiamiento del  Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Según los datos citados en los fundamentos del proyecto y en un informe de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras cayó 98% entre 2023 y 2026, al pasar de $171.863 millones a $3.336 millones. En ese período, 671 de las 1.322 obras que estaban en curso quedaron paralizadas en 21 provincias.