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09/08/2026

"El Estado Nacional se retira y nos transfiere el problema": por qué Río Negro aún no puede arreglar la Ruta 22

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, detalló los insólitos requisitos que frenan el traspaso de las rutas nacionales a la provincia, entre ellos, la exigencia de retirar amparos judiciales. En paralelo, destacó el plan de contingencia con más de quince obras en rutas rionegrinas.
Sólo la Ruta Nacional 22 tiene un tránsito diario aproximado de 50.000 vehículos y más de 1.000 camiones. (Foto: Tania Domenicucci. ANR)
Sólo la Ruta Nacional 22 tiene un tránsito diario aproximado de 50.000 vehículos y más de 1.000 camiones. (Foto: Tania Domenicucci. ANR)

El estado "calamitoso" de la Ruta Nacional 22 y la 151 sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza para los vecinos del Alto Valle. Ante la parálisis de los trabajos y el deterioro diario que sufren los vehículos, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, brindó precisiones sobre por qué aún no se concreta el traspaso de estas vías a la órbita provincial, apuntando directamente a las trabas impuestas por el Estado Nacional.

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En diálogo con el programa "Preámbulo" de Radio Universidad FM Antena Libre de General Roca, el funcionario explicó que el deplorable estado actual es el resultado de un combo letal: la falta de mantenimiento histórico, la ausencia total de control de cargas para los camiones pesados y el retiro absoluto de la actual gestión nacional en la conservación de los caminos. Frente a este escenario, la provincia gestionó créditos y mostró voluntad para hacerse cargo de los 510 kilómetros afectados, pero se encontró con condiciones inaceptables.

Según detalló Echarren, el gobierno central pretende transferir la totalidad de la traza sin enviar fondos, quedándose con la recaudación del impuesto al combustible, que es justamente el recurso destinado a la reparación vial. A esta falta de financiamiento se le suma un obstáculo legal enorme, ya que existen seis contratos abiertos de larga data con Uniones Transitorias de Empresas (UTE). Cuatro de estos contratos están sobre la Ruta 22 entre Cervantes y Cipolletti, algunos con más de dieciocho años de antigüedad. Al estar judicializados o neutralizados, la provincia está legalmente impedida de ingresar con sus máquinas a reparar esos sectores sin autorización.

Para destrabar la situación, Río Negro propuso hacerse cargo de dos contratos puntuales, como la rotonda de Choele Choel y un tramo de la 151, renegociando directamente con las empresas para reactivar las obras de forma rápida. Sin embargo, las autoridades nacionales no solo evaden definir tiempos, sino que además exigen como condición insólita que la provincia retire los recursos de amparo colectivo que cuentan con sentencia firme por el estado de las rutas, algo a lo que el gobierno rionegrino se opone rotundamente.

Mientras esta disputa mantiene de rehenes a los automovilistas en las rutas nacionales, el contraste con el manejo de la red vial provincial es notorio. Ante el colapso de la Ruta 22, gran parte del tránsito pesado se desvió hacia la Ruta Provincial 65. Para proteger esta vía, la gestión provincial dispuso de la planta asfáltica ubicada en Allen para realizar tareas de bacheo rápido y desplegó balanzas móviles para aplicar un estricto control de cargas, una medida que Nación se niega a implementar.

Sumado al mantenimiento de contingencia, el gobierno provincial avanza con un ambicioso plan de infraestructura que contempla más de quince obras viales en marcha simultánea a lo largo y ancho de Río Negro, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad.

En lo que respecta puntualmente a General Roca y sus alrededores, este despliegue incluye los importantes trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 6 y la consolidación del acceso al Parque Industrial sobre esa misma traza, demostrando el esfuerzo local por sostener los corredores productivos a pesar de la falta de acompañamiento nacional.

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