Comenzó la construcción del puente marítimo más largo de América Latina

La obra se ejecuta bajo la figura de una asociación público-privada entre el gobierno del estado de Bahía y un consorcio de empresas de origen chino, demandando una inversión total de 11.600 millones de reales. El financiamiento se distribuye en un 47% aportado por las firmas asiáticas y el 53% restante cubierto por las arcas del Estado brasileño, bajo un convenio que estipula la concesión del mantenimiento de la vía por un plazo de 35 años. Las proyecciones oficiales estiman que el nuevo corredor beneficiará de forma directa a unos diez millones de habitantes.

 

La relevancia estratégica de la conexión vial radica en su capacidad para dinamizar el turismo y agilizar el transporte de cargas hacia el litoral sur, permitiendo reducir los tiempos de traslado en cerca de dos horas al evitar la dependencia de los ferris tradicionales. Desde una perspectiva de ingeniería, el diseño presenta desafíos complejos ya que contará con cuatro carriles de circulación y alcanzará una altura de 82 metros sobre el nivel del mar para permitir la navegación segura de los buques comerciales de gran calado hacia el puerto.

 

El cronograma oficial ratificado por las autoridades estipula que la finalización total de los trabajos y la inauguración de la estructura se concretarán en junio de 2031. Durante el acto inaugural, el mandatario brasileño hizo hincapié en el impacto social del proyecto y resguardó la identidad de los pobladores locales: “Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”.

 

El sistema de conectividad general no se limita únicamente al puente principal, sino que incorpora la creación de túneles vehiculares, viaductos de enlace urbano y la duplicación de tramos viales internos en la isla de Itaparica. Asimismo, la planificación incorpora criterios estrictos de sostenibilidad ambiental supervisados por el Instituto Nacional del Medio Ambiente y de Recursos Hídricos (INEMA), los cuales contemplan un monitoreo permanente de la fauna marina y la preservación del ecosistema costero frente al avance de las constructoras.