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25/06/2026

La Corte le dio el si a las universidades: "Quedamos a la espera de que el gobierno nacional se digne a cumplir este fallo"

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, referentes académicos y gremiales de Roca celebraron la medida. Sin embargo, persiste la fuerte desconfianza sobre el acatamiento por parte del Ejecutivo.
Los dirigentes universitarios de Roca consideraron que el fallo es una buena noticia, pero toman con cautela la responsabilidad institucional del Ejecutivo nacional para darle cumplimineto a la Ley de financiamiento. (Foto: Tania Domenicucci. ANR)
Los dirigentes universitarios de Roca consideraron que el fallo es una buena noticia, pero toman con cautela la responsabilidad institucional del Ejecutivo nacional para darle cumplimineto a la Ley de financiamiento. (Foto: Tania Domenicucci. ANR)

La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, generó un alivio inmediato y fuertes repercusiones en la comunidad educativa del Alto Valle.

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Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de General Roca, las voces que vienen liderando los reclamos analizaron el impacto de este revés judicial para la administración central. Julio Monasterio, decano de la casa de estudios, remarcó que la ley de financiamiento "es un logro que consiguió toda la sociedad argentina" para sostener instituciones que son indispensables para el presente y el futuro del país.

Monasterio enfatizó que la norma, votada y ratificada en el Congreso, busca recomponer el profundo deterioro salarial de los trabajadores y aliviar a las universidades respecto a los gastos de funcionamiento. Tras calificar el fallo como "una clara alegría", el decano fue precavido respecto a los pasos a seguir: "Quedamos a la espera de que el gobierno nacional se digne a cumplir este fallo".

La cautela ante el posible accionar del gobierno es un denominador común entre los representantes sindicales locales. Lieza Solaro, secretaria general de Adunc Roca-Fiske, expresó que la decisión judicial es una muy buena noticia, principalmente porque había poca expectativa de que la Corte fallara a favor de las universidades.

No obstante, la dirigente docente señaló que tienen claro que "el gobierno seguramente va a hacer todo lo posible para no cumplir la ley". Solaro explicó que la resolución obliga a cumplir los artículos de la normativa referidos específicamente a salarios y becas. "A partir de ahora, la pelota está del lado del gobierno", advirtió la referente, anticipando que si el Estado no acata la orden, la cuestión seguirá judicializada y la lucha en las calles continuará.

Por el sector nodocente, Raúl Solano Gutiérrez, delegado de Apunc, consideró que el dictamen de la Corte Suprema viene a ratificar lo que el Poder Legislativo ya le había indicado al Poder Ejecutivo en dos oportunidades. Solano Gutiérrez fue sumamente crítico con la administración central, tildando de "absoluto capricho del presidente y sus secuaces" la sostenida negativa a darle cumplimiento a la normativa.

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El dirigente nodocente también desestimó el reciente aumento salarial del 23,1% otorgado por el gobierno nacional, al considerarlo una medida unilateral e inconsulta, y aseguró que el gremio seguirá redoblando la apuesta para que la ley se aplique de fondo, sin dar un paso atrás en los reclamos.

La repercusión a nivel nacional

La validación de la Corte también resonó en las máximas autoridades universitarias del país. Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), difundió un mensaje calificando la resolución como una "extraordinaria noticia" que responde favorablemente al pronto despacho que habían presentado desde el sector.

Bartolacci consideró que el fallo es trascendental no solo para la comunidad universitaria, sino para las instituciones de toda la Nación, ya que pone en evidencia la importancia de ser consecuentes, firmes y responsables en el camino de la defensa de la educación pública.