Auditorías, pericias y órdenes de pago: las pruebas que usó la Fiscalía para formular cargos en la causa Valle Sereno

La formulación de cargos contra cuatro exintegrantes de Valle Sereno-San Cirano S.A. fue el resultado de una investigación que combinó auditorías, expedientes administrativos, análisis contables, informes técnicos y documentación de distintos organismos públicos. Así quedó expuesto durante la audiencia realizada el martes, cuando la Fiscalía presentó los elementos que utilizó para sostener una acusación por al menos 21 hechos de estafa agravada en perjuicio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).

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La causa alcanza a quien fuera presidenta del establecimiento de salud mental, Silvia Mafalda Sirotich; a su único socio y médico psiquiatra, Luis Ernesto Jesús Valsangiacomo; al médico clínico y psiquiatra Mylton Luis Mercado; y a la licenciada en Psicología María del Rosario Noemí Galván.

Durante la audiencia, la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la fiscal del caso Celeste Benatti describieron el recorrido que siguió la investigación hasta llegar a esta instancia procesal.

Cómo se construyó la investigación

Uno de los primeros antecedentes mencionados durante la audiencia fue una auditoría realizada por Ipross el 6 de septiembre de 2023 en Valle Sereno-San Cirano.

De acuerdo con lo expuesto durante la formulación de cargos, esa intervención permitió detectar elementos que motivaron una investigación administrativa interna por parte de la obra social provincial. A partir de allí comenzó un proceso de revisión de documentación vinculada al convenio prestacional que mantenía el establecimiento de salud mental con Ipross.

La pesquisa administrativa avanzó durante varios meses y finalmente derivó en una denuncia penal presentada el 31 de mayo de 2024, que dio origen a la causa judicial.

Durante la audiencia también se explicó que la investigación fue incorporando nuevos elementos de prueba a medida que avanzaba. Según detalló la Fiscalía, la acusación fue organizada en 21 hechos diferenciados, todos comprendidos entre noviembre de 2021 y julio de 2023.

La reconstrucción presentada ante el juez incluyó además expedientes administrativos, resoluciones vinculadas al convenio prestacional, documentación relacionada con las prestaciones investigadas y distintos informes obtenidos durante la pesquisa.

Las pruebas que presentó la Fiscalía

Entre las pruebas detalladas durante la audiencia figuró un Informe Técnico Contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, ese trabajo integra el conjunto de elementos utilizados para respaldar la acusación presentada el martes. También fueron incorporadas las órdenes de pago emitidas por Ipross, documentación bancaria y distintos expedientes de facturación analizados durante la investigación.

Durante la audiencia se mencionaron pagos por $488.167, $504.440, $478.211, $604.474, $628.538 y $662.559, correspondientes a distintos períodos incluidos dentro de la acusación.

La Fiscalía también presentó información obtenida de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y del Ministerio de Salud de Río Negro.

Entre la documentación incorporada al expediente figuran además antecedentes vinculados a los profesionales que se desempeñaron en el establecimiento durante el período comprendido entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023, junto con entrevistas y otra documentación reunida durante la investigación.

Las defensas no formularon objeciones a la formulación de cargos y el juez de Garantías tuvo por formulada la acusación en los términos planteados por la Fiscalía. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.