Imputaron a Cajarabilla por 14 estafas con venta de autos: "Sabían que no podían cumplir"

"Cada vez que se realizaba la suscripción de un contrato, sabían los imputados que no podían cumplir con el mismo y con lo que les prometían al próximo". Con esa definición, el juez Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos contra José Ignacio Cajarabilla y Yasmín Orife por 14 hechos de estafa y defraudación por retención indebida vinculados a operaciones con vehículos en Roca.

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La resolución se conoció este jueves en los tribunales de la ciudad, donde el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que la investigación continúe avanzando en la etapa penal.

Darío Sujontizky, el abogado defnsor del imputado, sostuvo que los hechos debían analizarse como incumplimientos contractuales y no como maniobras defraudatorias, una postura que finalmente fue rechazada por el juez Martínez Vivot al resolver la formulación de cargos que intentó encuadrar lo ocurrido como una serie de incumplimientos contractuales. 

"No se trató de un solo hecho que podía ser un incumplimiento contractual, sino que se trató de 14 hechos diferentes", sostuvo el juez Martínez Vivot.

Según la acusación, las maniobras investigadas ocurrieron entre febrero de 2025 y enero de 2026 y abarcan cinco hechos de consignación, seis de compra y venta y tres de permuta de vehículos.

Para el juez, los hechos descriptos por la fiscalía y las querellas muestran una conducta que se repitió en el tiempo y que no puede analizarse como episodios aislados.

"No se trató de un solo hecho independiente, sino que esa conducta se repitió", afirmó al fundamentar su decisión.

Martínez Vivot también remarcó que las personas denunciantes entregaron vehículos, dinero o ambas cosas confiando en las condiciones ofrecidas por la agencia y en los contratos que firmaban.

En ese sentido, señaló que la acusación describió cómo se producía el desprendimiento patrimonial de las víctimas y de qué manera se concretaban las distintas operaciones.

Otro de los aspectos que valoró fue que, según lo expuesto por la acusación, hasta hoy continúan sin devolverse vehículos y sumas de dinero reclamadas por varios damnificados.

Incluso mencionó que algunos denunciantes asistieron personalmente a las audiencias para intentar que se cumplieran acuerdos firmados con posterioridad.

"Por algunos damnificados, la defensa y Cajarabilla han firmado acuerdos de devolución de dinero, pero no han cumplido con los mismos en su totalidad", expresó durante la audiencia.

De todos modos, el magistrado aclaró que esta etapa no implica una declaración de culpabilidad.

"Esto no quiere decir que ustedes dos sean los autores de ellos, pero para esta etapa la Fiscalía puede seguir investigándolos", sostuvo al dirigirse a los imputados.

Con la formulación de cargos ya admitida, la investigación seguirá abierta durante los próximos meses. El juez fijó un plazo de cuatro meses, que se extenderá hasta el 17 de octubre de 2026, para que las partes continúen incorporando evidencia y desarrollando sus respectivas teorías del caso.

De los allanamientos a la imputación

La investigación comenzó en noviembre de 2025, cuando la fiscal María Celeste Benatti impulsó allanamientos y medidas de prueba tras una serie de denuncias de personas que aseguraban haber sido perjudicadas en operaciones de compra, venta, consignación y permuta de vehículos realizadas a través de una agencia de Roca. Con el avance del expediente, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre Ignacio Cajarabilla, entre ellas tobillera electrónica, inhibición de bienes, restricciones de circulación y prohibición de salida del país. Durante la investigación también fue secuestrado un Mercedes Benz que luego quedó embargado como garantía patrimonial. Tras acumular denuncias y reunir documentación, informes bancarios, contratos, pericias y otros elementos de prueba, la fiscalía pidió formular cargos por 14 hechos de estafa y defraudación por retención indebida, planteo que fue admitido por el juez Julio Martínez Vivot.