La escuela del escándalo: cinco imputados por una defraudación millonaria con terrenos "flojos de papeles"

Lo que comenzó como un reclamo social por la educación, terminó destapando un presunto negociado millonario. Este jueves, en una audiencia presencial en el Foro Penal de Cipolletti, la Justicia formuló cargos contra cinco personas por una grave estafa al Estado en la compra de lotes destinados a la Escuela Primaria N.º 300 de la localidad de San Isidro.

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En el banquillo de los acusados se sentaron nombres de peso: el actual presidente del Concejo Deliberante, dos exconcejales, el exsecretario de Gobierno y una ciudadana particular. A todos se los investiga como coautores de defraudación contra la administración pública, un delito agravado para quienes ocupan cargos en el Estado.

La maniobra: de vocera del reclamo a vendedora

Según la acusación expuesta por el Fiscal Jefe, la estafa comenzó a gestarse en septiembre de 2024. La mujer hoy imputada cortaba la ruta y se había instalado como la vocera de un grupo de padres que exigía un terreno para construir la escuela. Paradójicamente, la situación terminó con ella misma vendiéndole al Municipio un predio a un precio exorbitante.

La operación estuvo plagada de irregularidades:

• Sin papeles firmes: La supuesta dueña vendió las tierras teniendo únicamente un boleto de compraventa.
• Falsa subdivisión: Comercializó el terreno fraccionado en 14 lotes, cuando en los registros oficiales figuraba como un bloque único.
• A espaldas del Concejo: La compra jamás fue debatida ni votada en el recinto, violando lo que exige la Carta Orgánica. Tampoco se declaró de utilidad pública.
• A ciegas: Se compró sin pedir tasaciones previas ni informes de dominio.

El Municipio desembolsó la impactante suma de 204 millones de pesos (equivalentes a 165.182 dólares en ese momento). Sin embargo, la Fiscalía fue contundente al exponer los valores reales del mercado:

• El valor real del predio como un solo bloque era de apenas 28.000 dólares.
• Incluso si se considerara el valor de los 14 lotes subdivididos, el costo real habría sido de 96.400 dólares.

Esto significa que el negocio ilícito le generó a las arcas públicas un perjuicio económico estimado entre los 68.782 y los 137.182 dólares, configurando un lucro indebido a favor de la supuesta vendedora.

La investigación sigue su curso

El escándalo salió a la luz gracias a la denuncia de otros dos ediles que advirtieron el manejo turbio por parte de las autoridades.

Durante la audiencia, los abogados defensores (públicos y privados) intentaron derribar la acusación. Aseguraron que no hubo maniobra defraudatoria, reclamaron falta de pruebas y, en el caso de los exfuncionarios, se excusaron argumentando que los concejales no tienen acceso directo al manejo de los fondos públicos.

Pese a los rechazos de la defensa, el juez de Garantías consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal eran suficientes. Aceptó la formulación de cargos y dictó la apertura de la etapa de investigación preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses para terminar de esclarecer este escándalo inmobiliario.