Con clima de campaña sesionó el Deliberante de Roca: hubo repudio a leyes nacionales

El clima electoral ya se hace sentir en el Concejo Deliberante de General Roca, donde la conmemoración de la Semana del Parto Respetado, la creación de un Consejo de Juventudes financiado por el municipio, y un repudio a la Ley 27.801 —imputabilidad penal a partir de los 14 años— y al proyecto que endurece penas ante falsas acusaciones de violencia de género, llevaron a los concejales del oficialismo a lanzar duras críticas contra el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck y del presidente Javier Milei.

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Luego de encendidos discursos sobre temas de la agenda nacional, llegó el momento de tratar el nuevo Código de Tránsito. Se hicieron unas breves aclaraciones sobre modificaciones efectuadas en comisión y, en pocos minutos, se sometió a votación. Una de las modificaciones salientes es que los inspectores municipales no van a exigir la Verificación Técnica Obligatoria como estaba estipulado en el proyecto original.

Se mantuvieron en pie otras disposiciones, como la facultad del municipio de secuestrar y acarrear vehículos de conductores que circulen con el carnet vencido, la prohibición de circular con mascotas sueltas dentro del auto y la obligación de colocar ojos de gato en pedales y rayos de bicicletas.

Además, se aprobó adherir al Sistema de Administración Tributaria Subnacional (Suats), donde están unificadas las infracciones de tránsito. De este modo, a los conductores de Roca sus multas les pueden ser cobradas por cualquier otro municipio adherido.

“Esta herramienta reviste suma utilidad para la Dirección de Ingresos Públicos Municipales, que abre otro canal de cobro de infracciones de alcance nacional, contribuyendo a incrementar los niveles de recaudación”, se destaca en los argumentos.

Menores presos

En una curiosa interpretación de la ley, la edil Natalí Giordanella, del bloque Pasión x Roca, aseguró que “si se pelean dos chicos en la escuela, y los padres de uno hacen la denuncia, pueden ir presos”. Insistió con que, por la baja en la edad de imputabilidad, “los menores pueden ir presos”.

La ley en cuestión, impulsada por el gobierno de Milei, fue sancionada el 9 de marzo de este año y establece un sistema escalonado con tres umbrales: delitos con pena de hasta 3 años —hurto y lesiones leves— sin prisión efectiva; delitos con pena de hasta 10 años que no impliquen muerte ni lesiones graves, tampoco contemplan prisión automática; mientras que ante delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual, sí puede haber privación de libertad.

Nadia Ortiz, concejala de la Corriente Clasista y Combativa y aliada de María Emilia Soria en el Deliberante, aseguró que “nuestros pibes no necesitan castigos, sino una red que los contenga”. Dijo que “esta ley da mucha bronca” y aventuró que, al fijar la edad de punibilidad en los 14 años, “los soldaditos de los narcos serán más chicos”. Tras lo cual, aseveró que “los que venden drogas son los que se aprovechan de nuestros pibes”.

Sobre este tema, el también oficialista Nicolás Pascheta aseguró que la baja en la edad de imputabilidad “genera un perjuicio enorme en las juventudes” y alertó que “para implementarla, se necesitan recursos, pero tenemos un Estado que desatiende la cosa pública”.

Sacó a relucir estadísticas, como las que indican que en Río Negro solo el 1% de las causas penales tienen como protagonistas a menores. “Los niños no son delincuentes y no tienen peso real en las estadísticas”, manifestó, y reclamó que “el Estado debe contener y generar un espacio de escucha”.

De parto

Fue otro tema de la agenda nacional el que tuvo derivaciones políticas locales, al tratarse la conmemoración del 17 de mayo, en el contexto de la Semana Mundial por el Parto Respetado. Es una fecha que se busca establecer a partir de un proyecto de ley (1898-D-2025) presentado para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Ginecobstétrica. Aún no fue aprobado y sus autoras fueron las diputadas nacionales Mónica Macha e Hilda “Beba” Aguirre, ambas de Unión por la Patria y militantes por la libertad de la ex presidenta Cristina Fernández.

Ortiz pidió la palabra para referirse a la violencia obstétrica y advirtió que “luchamos por un Estado mejor”. Hizo mención a situaciones de desigualdad y a que “la persona gestante es maltratada”. Le apuntó al sistema provincial de salud al asegurar que, cuando hay denuncias contra ginecólogos, “nadie hace nada”. Y agregó que “tenemos un Estado ausente”.

Su compañero de bancada, Pablo Bustelo, hizo varias críticas al funcionamiento del hospital regional Francisco López Lima y detalló casos de mujeres embarazadas “que tuvieron que ir a tener sus niños a otras ciudades”. También se refirió a “los sueldos magros del personal” y que, a pesar de haber nuevos profesionales en ginecología, “dan 20 o 30 turnos por semana”. Además, aseguró que en algunos sectores “están calefaccionando con caloventores” por fallas en la red eléctrica.

Belén Belén, la única concejal opositora alineada con el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, admitió que hace dos años hubo faltante de personal, “pero la situación cambió”, con la llegada de nuevos ginecólogos y ginecólogas. Según indicó, eso derivó en que hoy atienden consultas en 10 de los 11 CAPS. “A razón de 70 embarazadas cada uno”, detalló.

También se tomó un momento para responderle a Bustelo por los “magros sueldos” y lo desafió a analizar los salarios del personal municipal: “Charlemos de eso si quieren, en vez de hacer de esto una cuestión de campaña”.

Nadia Ortiz, ya en otro tono, disparó: “No existe ese hospital”, y reclamó la puesta en marcha del Consejo Local de Salud. “No funciona por decisión de Weretilneck, porque le toca la billetera”, y agregó que, en su caso, “parí sola a mi hija”.

Falsas denuncias

Con un auditorio colmado por alumnos de los Cem 106 y 111, se registró otro momento de suma indignación cuando se trató el proyecto de ley que impulsa la senadora nacional Carolina Losada, militante contra las falsas denuncias de abuso sexual.

Su iniciativa ya fue aprobada en comisión y busca elevar de 3 a 6 años de prisión las penas cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.

Durante el debate, Losada sostuvo que “las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y arruinan vidas”.

“Veo mucho odio”, comenzó diciendo Ortiz, para luego acotar que “desde que asumió Milei estamos en riesgo las mujeres y las niñeces” y, en referencia al proyecto repudiado, sostuvo que “criminaliza a mujeres que denuncian situaciones complejas y las quieren convertir en objeto de castigo”.

Giordanella primero destacó que “Evita está viva en cada mujer que dice basta” y luego añadió que “los derechos de las mujeres están bajo ataque en el Senado”, además de advertir que “menos del 3% de las denuncias son falsas”.