Causa Techo Digno: el ex intendente de Cervantes admitió defraudación en el uso de fondos públicos

El ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, reconoció este lunes su responsabilidad en una causa vinculada al plan Techo Digno y admitió haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso. Lo hizo en el contexto de un acuerdo abreviado pleno, en el que además aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

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La causa conocida como “Techo Digno” investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un plan nacional de viviendas destinado a la construcción de soluciones habitacionales en distintas localidades de Rio Negro. En este caso, el foco está puesto en un convenio firmado en 2014 entre Nación y el Municipio de Cervantes, en aquel momento comandada por Montanaro, la cual contemplaba la edificación de 135 viviendas con fondos públicos.

La resolución final quedará en manos del juez de Garantías interviniente, quien dará a conocer su decisión el próximo jueves 30 de abril en los Tribunales de General Roca. Tanto la fiscalía como la defensa renunciaron a los plazos procesales, por lo que la eventual condena comenzará a cumplirse de manera inmediata una vez dictada la sentencia.

Según se expuso en la audiencia, la fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad penal junto con la pena acordada, teniendo en cuenta que el imputado no posee antecedentes penales y su edad de  75 años. Además, se requirió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de salir del país, la obligación de fijar domicilio, presentaciones periódicas ante el organismo de control y la prohibición de cometer nuevos delitos.

Desde la defensa señalaron que Montanaro fue debidamente asesorado sobre los alcances del acuerdo y que su situación personal fue determinante para avanzar en esa vía. “Está cansado de este proceso, que lleva nueve años, y continuar implicaría al menos cuatro o cinco años más”, argumentaron, al tiempo que remarcaron la necesidad de darle un cierre definitivo al caso.

Durante la audiencia, que se extendió por casi tres horas, el Ministerio Público Fiscal detalló más de 80 elementos probatorios vinculados a la investigación. El expediente se originó a partir de un acuerdo firmado en noviembre de 2014 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Cervantes para la construcción de 135 viviendas e infraestructura.

El monto total del convenio ascendía a más de 61 millones de pesos y contemplaba tres planes habitacionales adjudicados a distintas empresas constructoras. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que se presentaron certificaciones de obra falsas para simular avances que no se correspondían con la ejecución real, lo que derivó en el desembolso de casi la totalidad de los fondos previstos, más del 99%, por parte del Estado nacional.

De acuerdo a la acusación, estas maniobras permitieron beneficiar de manera indebida a las empresas intervinientes, informando progresos inexistentes o correspondientes a trabajos ajenos al circuito legal establecido. Entre las pruebas mencionadas se incluyen denuncias de organismos nacionales, informes técnicos, documentación del IPPV, registros de licitaciones, actas de obra, facturación de las empresas, pericias caligráficas, informes de telecomunicaciones y relevamientos realizados con drones sobre las viviendas involucradas.

Finalmente, el propio Montanaro reconoció ante el juez los hechos que le fueron atribuidos y aceptó la pena propuesta, en un paso clave para el cierre judicial de una causa que se extendió durante casi una década.