El sistema de fotomultas de General Roca “es una trampa y una estafa”

Según el ex funcionario municipal Diego Iraldi, lo que el municipio llama "control de tránsito" es una “estafa planificada”, una “emboscada recaudatoria”, y una “pecera” en la que metieron a todos los automovilistas con patente visible para que una empresa privada los pesque. 

Lee también: Frente a las amenazas, los alumnos del CET 26 responden con mensajes positivos

Luego de una recorrida por distintas esquinas de la ciudad y de recibir la inquietud de algunos vecinos, afirmó que “nuevas pruebas confirman que el sistema implementado por la gestión Soria incumple las normas básicas de educación y seguridad vial.  Mientras el Juzgado de Faltas se lava las manos culpando a la empresa privada, los vecinos denuncian una estafa planificada”.

En el centro de sus observaciones está los dispositivos de “fotomulta”, que se han colocado en algunas intersecciones de calles. Las sendas peatonales están borradas, pero cobran multas por pisarlas. Si el automovilista pasa los 20 kilómetros por hora cuando cruza la calle, hay multa, y no se cumple con la Ley de Tránsito porque no hay cartelería que indique la presencia del radar. También puso en duda que las cámaras estén homologadas y certificadas y, peor aún, las multas llegan hasta 6 meses tarde a los domicilios, lo que dificulta el constitucional derecho de defensa. 

Para este experto en seguridad vial, profesor, técnico en Informática y analista en sistemas, “la polémica por las fotomultas en General Roca ha pasado de ser una sospecha administrativa a una confirmación de irregularidades técnicas graves. Relevamientos fotográficos y fílmicos realizados en los puntos de control dejan al descubierto un sistema diseñado para el error del conductor, no para la prevención de siniestros”.

Una esquina fuera de la Ley como ejemplo

Iraldi puso el foco en la intersección de Alsina y Misiones —y según el exdirector, lo mismo pasa en muchas otras—, donde la senda peatonal y la línea de detención están pintadas con “pintura sintética común”; y no con la pintura termoplástica reflectante que exige la normativa vial. La diferencia es decisiva: la pintura reglamentaria tiene mayor espesor, mayor durabilidad y, fundamentalmente, “se ilumina con las luces del auto”. De noche, en días de lluvia, al amanecer o al atardecer, el conductor sabe exactamente dónde tiene que frenar. Con las sendas borrosas, el conductor cruza sin ver nada, el sistema lo captura, y el municipio cobra.

A eso se le suma que “no hay cartelería”, y explicó que “todo dispositivo tecnológico de control debe estar señalizado con carteles verticales que adviertan su presencia desde al menos una cuadra antes, en ambas direcciones. En Alsina y Misiones no hay un solo cartel. Las cámaras están ocultas. Lo que debería ser un sistema disuasivo —que el conductor vea el cartel, sepa que hay control y frene— opera como una emboscada: sin aviso, sin posibilidad de corrección, solo registro (foto) y cobro.

Speed Radar Tech

Pero el sistema de multas no lo opera el Estado municipal, sino que lo opera “Speed Radar Tech”, una empresa privada contratada de manera directa, “sin licitación pública”. 

Y esa empresa es la encargada de mandar las notificaciones, pero los vecinos reportan demoras de “hasta seis meses” entre la infracción registrada y la llegada del acta. Seis meses después, el ciudadano no recuerda el día, no tiene registro del recorrido, no puede aportar testigos ni imágenes. Su “derecho constitucional a la defensa” —consagrado en la Constitución Nacional— queda reducido a nada. Y mientras tanto, los intereses corren.

Cuando los vecinos van al Juzgado de Faltas a cuestionar las condiciones del sistema, la respuesta institucional es esta: "No es nuestra culpa, es de la empresa”, contó el ex funcionario.
“En definitiva, lo que han hecho, es una contratación directa: compraron una pecera, le pusieron agua, nos tiraron a todos los que tenemos vehículos con patente bien colocada dentro de la pecera, y le dieron a la empresa una cañita de pescar. Esto es muy simple”, declaró.

En una entrevista en LU18, este docente lanzó algunas preguntas básicas de legalidad: ¿tienen los equipos la resolución vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Existe certificación del INTI? Sin esa documentación publicada y verificable, la validez jurídica de cada acta emitida es, como mínimo, cuestionable.

Campaña Pública

En las últimas horas se lanzó una campaña de firmas por internet, que tiene como propósito “Anular el sistema de fotomultas ilegal en General Roca - GESTIÓN SORIA”, y en el encabezado se destaca que “los vecinos de General Roca decimos BASTA al sistema de fotomultas implementado por la actual gestión a cargo de Maria Emilia Soria. Lo que se promociona como un mecanismo de "seguridad vial" es, en realidad, un sistema de recaudación compulsiva que vulnera nuestros derechos ciudadanos por las siguientes razones:

1.    Ilegalidad Administrativa: El sistema fue contratado de manera directa con la empresa Speed Radar Tech, sin una Ordenanza Municipal que regule su funcionamiento ni transparencia en el contrato.
2.    Señalización Deficiente y Engañosa: Las cámaras no están señalizadas y si estan, es de manera precaria. Además, las sendas peatonales han sido pintadas con pintura sintética común en lugar de pintura termoplástica vial, lo que las hace invisibles en condiciones críticas, funcionando como una "trampa" para el conductor.
3.    Equipos sin Homologación Clara: No se ha hecho público el certificado de homologación vigente ante la ANSV o el INTI de cada equipo, requisito indispensable para que cualquier acta sea válida.
4.    Vulneración del Derecho a Defensa: Las notificaciones llegan con más de 6 meses de demora, impidiendo que el vecino pueda ejercer su defensa en tiempo y forma.
5.    Abandono de Deberes: El Juzgado de Faltas deslinda responsabilidades en la empresa privada, dejando al ciudadano en total indefensión ante un privado que solo busca lucrar.
POR TODO LO EXPUESTO EXIGIMOS:
1-    La suspensión inmediata del sistema de fotomultas.

2-    La anulación de todas las actas de infracción emitidas bajo estas condiciones irregulares.

3-    El llamado a una Audiencia Pública para discutir un verdadero plan de seguridad vial, basado en la prevención y no en la recaudación.